18 de Diciembre del 2017
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Económica
Posibles salidas para los 'chicharrones' del túnel de La Línea
La República consultó a varios expertos en infraestructura sobre cómo resolver los ‘chicharrones’ del Túnel de la Línea, entre las soluciones que dieron se encuentran: extender el valor y el tiempo en el contrato, decretar inmediatamente la caducidad del mismo y hasta programar nuevas rutas para el transporte de carga con el fin de darle más tiempo al contratista para que construya la vía.
COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
El proyecto del túnel de La Línea es para agilizar la movilidad entre las ciudades de Ibagué y Armenia.
(Foto: COLPRENSA - EL NUEVO DÍA)
23 Sep 2014 - 8:36am

Esta semana, funcionarios del Instituto Nacional de Vías (Invías) y el representante legal de la Unión Temporal Segundo Centenario (Utsc), Carlos Collins, se reunirán para definir qué suerte tendrá el Túnel. Las partes se encontrarán con representantes de la Procuraduría para exponer los argumentos sobre la caducidad del contrato. 

 De darse un acuerdo a favor del contratista se extendería el contrato y el tiempo de construcción. Así, al valor actual ($629.000 millones) se le sumaría $180.000 millones, el mismo dinero del que habló la semana pasada el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, es decir, el contrato quedaría costando $809.000 millones y estaría listo a finales del próximo año. 

La solución de extender el valor y el tiempo del contrato le convence a expertos en infraestructura como Francisco Suárez. “Lo más importante es que se busque un acuerdo entre las partes. Deberían conciliarse los pagos y el tiempo del contrato para evitar un proceso de caducidad, sin que ello implique una gran negociación del acuerdo previo”, aseguró. 

No obstante, otros expertos del sector piensan que la solución únicamente puede ser jurídica, puesto que los temas técnicos de diseños ya se resolvieron y ha habido un retraso injustificable por parte del contratista. 

José Stalin Rojas, director del observatorio de movilidad de la Universidad Nacional, es uno de los que piensa que la única solución es a través un proceso de Ley. Según expresa Rojas “la interventoría ya ha dado unos informes en los que le dice al Invías que la caducidad del contrato es el único camino que hay que recorrer. La única solución de ahora en adelante es jurídica”.

Otros expertos dicen que antes de pensar en una solución a los inconvenientes entre el Gobierno y el contratista hay que resolver los problemas inmediatos. Un ejemplo de ellos es el de los de los transportadores de carga, los cuales han tenido líos con el paso de los vehículos entre los departamentos del Tolima y el Quindío.

Para Edgar Octavio Higuera, gerente de Logística, Transporte e Infraestructura de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el contrato del Túnel de La Línea tiene unas normas específicas y el retraso de las obras de construcción le está constando mucho a los transportadores de carga.

“Por ahora hay que buscar elementos como la programación para el tráfico de carga por La Línea. El contratista y el Invías tienen que tomar esto como una experiencia que debe ser valorada para los próximos programas de infraestructura”, dijo Higuera.

Pase lo que pase en la Procuraduría, el proyecto no alcanzará a estar a tiempo para finales del año. Lo único que el Gobierno tendrá en sus manos será definir qué tan larga será la espera.

Los últimos inconvenientes del proyecto 

El domingo de la semana pasada los colombianos se levantaron con la noticia de la posible caducidad del contrato de Túnel de La Línea. Lo que vino después fueron las declaraciones de las partes. Carlos Collins, representante legal de la Unión Temporal Segundo Centenario (Utsc), le aseguró a LR que el Gobierno le debía cerca de $50.000 millones en obras alternas. La respuesta que dio la ministra de Transporte, Natalia Abello, fue que al contratista se le había pagado debidamente el contrato. Luego de ello, el mismo vicepresidente, Germán Vargas, decidió visitar la obra y anunció que el proyecto se demoraría un año más y tendría un costo adicional de $180.000 millones. Ahora la Procuraduría busca desatar el lío.

Publicada por
COLPRENSA, LA REPÚBLICA
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