Para lograrlo sería necesario adecuar la normativa de vivienda a las necesidades del campo y desarrollar estrategias de equidad, según el documento titulado ‘Política de Mejoramiento de Habitabilidad Rural’. 

 En la cuarta sesión el Consejo se sugirieron además dos estrategias para la reducción del déficit: la profundización del subsidio de Vivienda de Interés Social Rural y la implementación de una política para el suministro de agua potable y saneamiento básico. 

“Es muy importante seguir haciendo esfuerzos por el campo colombiano, donde se han originado muchos factores de violencia, derivados de la inequidad, exclusión y pobreza”, manifestó el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz, quien recordó que los pobres rurales son 3.2 veces más que los urbanos. 

Los cálculos, según explica director de la Misión, José Antonio Ocampo, señalan que de ese monto total la Nación debería aportar $38 billones y las regiones $21 billones. 

Ángela Penagos, directora de la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible del DNP, destacó que es necesario “destinar una proporción que le otorgue al sector recursos equivalentes al déficit habitacional relativo existente entre las zonas rurales y las urbanas”, lo que implica revisar y ajustar la Ley 546 de 1999. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural también le ha apostado a esta política con programas que trascienden lo agropecuario y que superaron la meta de adjudicar 55 mil unidades habitacionales, pues ya llegan a más de 98 mil subsidios. 

De hecho, el titular de la cartera, Aurelio Iragorri, anunció en septiembre que la nueva apuesta es entregar 100 mil viviendas por año durante el cuatrienio. También se encuentra trabajando con el Banco Agrario en un rediseño de las estructuras de manera que tengan más espacio y sus especificaciones se ajusten a las condiciones de las regiones. 

En cuanto a la cofinanciación, en los proyectos se ofrecerán contra partidas adicionales en relación con el transporte de los materiales y la mano de obra para que municipios de escasos recursos también puedan acceder a este programa. 

“Se ha logrado modificar el modelo de gerencia, que lo ejecuta el Banco Agrario con recursos del Ministerio, por medio de una política orientada. Antes de 2010 la siniestralidad era de 40%, las construcciones fracasaban porque no había pólizas, financiación ni materiales. Hoy en día el índice es de 0%, todos los proyectos que inician terminan”, destacó el viceministro de Desarrollo Rural, Aníbal Fernández de Soto. 

El funcionario agregó que es necesario hacer el modelo de adjudicaciones más flexible no solo desde las convocatorias sino también a través de instrumentos que focalicen las zonas donde la gente lo necesita. 

Una herramienta para erradicar la pobreza 

El programa de vivienda rural es una de las prioridades de este gobierno dado que “ha sido un instrumento de lucha contra la pobreza muy eficaz porque mejoran las condiciones de salud, de higiene y les ayuda a ahorrar en gastos”, según el viceministro de Desarrollo Rural, Aníbal Fernández de Soto.

Un estudio del Banco Agrario concluye que por cada dos viviendas que se entregan, una familia sale de la pobreza. En el pasado cuatrienio se entregaron 98.458 soluciones de vivienda rural en cerca de 719 municipios, donde las unidades asignadas ascienden a $1.13 billones.