Cabe recordar que los abogados del consorcio presentaron recursos de reposición contra la decisión de caducidad argumentando que hubo irregularidades en el debido proceso y en la resolución de caducidad, proferida por el Instituto Nacional de Vías, Invías, el pasado 27 de enero. 

La última audiencia dentro del proceso que lleva el Invías se llevó a cabo el pasado 2 de febrero, el mismo día en que se presentaron los recursos de los abogados. En dicha sesión, el Invías suspendió indefinidamente la audiencia para analizar los argumentos de los contratistas. 

Así las cosas, luego de un mes de evaluar los recursos y argumentos, la audiencia se convocó para el próximo martes, en donde se espera se anuncie en definitiva si deja en firme la caducidad o si reversa. 

Paralelamente, mientras el Invías analiza los recursos, la ministra de Transporte, Natalia Abello; y el representante legal de la Unión Temporal Segundo Centenario, Carlos Collins, han venido sosteniendo reuniones buscando formular alternativas para no caducar el contrato. 

Entre las posibilidades están que el consorcio seda el contrato a un tercero, que se abra una licitación, o que el contratista inyecte recursos y siga con la construcción. 

Las reuniones han estado centradas en discutir nuevas fórmulas, como inyectarle recursos al proyecto, la llegada de un socio estratégico y la terminación en un plazo de 13 meses de la obra. Todo apunta a que la carta ideal sería una mayor inyección de recursos para que la obra quede en manos del mismo consorcio, la Unión Temporal. 

Cabe recordar que las obras actualmente están “semiparalizadas”, según lo pudo constatar la Contraloría General en una interventoría, por eso se espera que la decisión se produzca el próximo martes, para así destrabar este megaproyecto vial, que busca conectar al centro con el occidente del país, y más específicamente con el Puerto de Buenaventura.