En el proceso también se abrió una investigación contra 27 ex directivos entre los que resaltan Felipe José Alvira Escobar, gerente general de Kimberly Colpapel, Gladys Helena Regalado Santamaría, presidente de Carvajal Educación y Antonio Martínez Báez Prieto, CEO de Scribe Colombia.

Juan Carlos Martínez, abogado experto derecho de la competencia del consumidor explica que “cuando se definen unas reglas artificiales de mercado y se falsea a la competencia estas le permiten al empresario sin tener que acudir a un mayor esfuerzo asegurar su presencia, lograr ingresos específicos y no tener que preocuparse por la necesidad de ofrecer un mejor producto”.

Entre las pruebas que se puntualizan en el expediente se encuentran correos electrónicos, declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de las empresas involucradas y evidencias materiales probatorias que dan cuenta de más de 14 reuniones llevadas a cabo en hoteles, clubes, restaurantes y oficinas en Colombia y México.

Aproximadamente durante 13 años (2001 - 2014) se habría configurado, estructurado e implementado las condiciones que violarían las normas de libre competencia como fijar artificialmente los precios, políticas y estrategias de comercialización y mercadeo, estrategias financieras y de crédito y restringir concertadamente el abastecimiento y distribución en los diferentes canales de comercialización.

En Colombia, 3,7 millones de hogares compran útiles escolares y más de 9,5 millones de estudiantes menores de 24 años asisten a un establecimiento educativo y son consumidores de cuadernos. En este periodo se vendieron en el país 1.183 millones de cuadernos por un valor aproximado de $2 billones.

En el marco del programa de beneficios por colaboración, dos de las firmas suscribieron un acuerdos con la SIC para recibir beneficios por haber delatado la existencia y funcionamiento del presunto cartel y haber aportado las correspondientes pruebas.

Guillermo Navarro de Muñoz Abogados considera que “Las tácticas de la SIC ante estas conductas anticompetitivas están dando muy buenos frutos y constituye un buen incentivo para destapar a las firmas que infringen la ley, pues estas detallan que si una empresa hace parte del cartel, y decide hablar casi que lo pueden exonerar del todo económicamente hablando por el simple hecho de delatar”. Aparte de los cuadernos, la SIC tiene abiertas otras seis investigaciones por presuntos carteles en el sector azucarero, cemento, pañales, papel higiénico, subastas ganaderas y en las licitaciones de seguridad privada.

Las sanciones de la SIC por este tema en 2014 fueron de $218.000 millones.

De acuerdo a la ley 1340 de 2009, en caso de que el proceso declare que existió violación a las normas de libre competencia se podrían imponer multas hasta de 100.000 salarios mínimos legales vigentes smlv, ($64.435 millones) por cada infracción; y a las personas naturales que participaron o facilitaron hasta 2.000 smlv ($1.288 millones).

En un comunicado, Carvajal Educación manifestó que “la firma se rige por un importante código de conducta, y en tal sentido tiene toda la disposición para colaborar en la investigación en la medida que las autoridades lo requieran. Estamos seguros que nuestros argumentos llevarán a que la Superintendencia entienda la realidad y alcance de nuestras actuaciones” .

En el breve escrito la firma agregó que “hemos volcado sus esfuerzos en innovar y atender al consumidor con la mayor variedad de productos de la mejor calidad”.