La posible existencia de contratos ‘amarrados’ debido a unos pliegos de condiciones con requisitos inconcebibles, además de un grupo de oferentes que se está quedando con el mayor número de iniciativas, hace parte del panorama que presenta la investigación ‘Análisis de la contratación estatal 2014’.

Para el caso del Tolima, el estudio adelantado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros da cuenta de una dramática concentración de recursos públicos en pocas manos.

Por ejemplo, en el caso de las licitaciones públicas abiertas en 2014, solo 10 proponentes se quedaron con 32 contratos, que en recursos equivalen a más de 20 mil 780 millones de pesos.

Dicha situación, que corresponde a una tendencia nacional, es un efecto del bajo número de oferentes, que en promedio participaron en las tres modalidades de contratación (licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos abierto).

Cabe recordar que un oferente, proponente o licitador es quien se presenta a un llamado a licitación, como aspirante a ser adjudicatario de un contrato determinado.

Según los datos que arrojó la investigación, en promedio tan solo 1.2 oferentes (contratistas) se presentaron a cada una de las licitaciones públicas efectuadas en los 47 municipios, por un valor que supera los 173 mil millones de pesos.

Menos de dos proponentes es un promedio muy bajo si se compara con la media de municipios como Medellín, una de las cinco urbes en todo el país, que registran más de 10 oferentes por proceso abierto.

En el caso de las selecciones abreviadas, el promedio de licitantes por proceso en 45 municipios, incluido Ibagué, fue de 1.1, un indicador también muy inferior a lo que se considera un índice sano en términos de contratación estatal

En esta modalidad, los recursos del erario que fueron distribuidos se acercan a los 40 mil millones de pesos en el Departamento.

Por su parte, los concursos de méritos registraron el peor promedio. En 33 de los 47 municipios la media de oferentes fue de 0.8 por cada proceso, y los recursos públicos distribuidos superaron los 11 mil 670 millones de pesos.

Así las cosas, el Tolima hace parte del grupo conformado por más de 24 departamentos del país que presentaron promedios de apenas tres, dos o un solo oferente. En contraste, Antioquia, Caldas, Nariño y Risaralda registraron los mejores resultados.

Concentración de contratos

El estudio revela que una buena parte de las iniciativas adjudicadas durante 2014 en los 47 municipios, se concentra en un grupo de empresas y uniones temporales.

Asimismo, se registra la presencia de varios particulares en más de una de esas firmas, unión temporal o consorcio, lo cual propicia que varias licitaciones queden en manos de la misma persona.

Esta situación se evidencia en mayor proporción en la modalidad licitación pública, en la que se presentan los contratos de mayor cuantía.

En específico, solo 10 proponentes a licitación pública se llevaron 32 de 56 procesos abiertos en 12 municipios: Ataco, Carmen de Apicalá, Cunday, Dolores, Murillo, Piedras, Roncesvalles, Rovira, Saldaña, San Antonio y Villarrica (Ver cuadro).

Estos contratos, según el informe, superan en conjunto los 20 mil 700 millones de pesos. Y existen casos en los que un solo oferente se quedó con el 100 por ciento de los procesos abiertos en un municipio.

Por ejemplo, en Murillo solo se abrió dos procesos licitatorios que juntos sumaron tres mil 840 millones de pesos, y los dos fueron adjudicados a un solo proponente, que se quedó con el 100 por ciento de los contratos.

En cuanto a los procesos de selección abreviada, de 130 procesos abiertos en 14 municipios, 14 oferentes se quedaron con 66 contratos, que juntos suman cerca de seis mil millones de pesos.

Allí también se presentan casos en los que un solo proponente se queda con la mayoría de procesos abiertos en un municipio determinado.

Por ejemplo, la Alcaldía de Palocabildo abrió seis procesos por más de 395 millones de pesos, y un solo oferente se quedó con cinco de ellos, por un valor de 366 millones de pesos, es decir, con el 92 por ciento de los contratos.

Estos resultados no distan de lo contratado mediante concurso de méritos. Allí, de 28 procesos abiertos en cuatro alcaldías, cuatro proponentes se quedaron con 14 contratos, por un valor total de 893 millones de pesos.

Parecen pocos oferentes, pero revisando las cifras se tiene que dos de los cuatro se quedaron con el 100 por ciento de los procesos abiertos por las administraciones de Cunday y San Luis.

Autonomía en los pliegos

Una de las razones que podrían explicar el bajo número de oferentes en los procesos, es el pliego de condiciones, que si bien son reglamentados por normas nacionales, son susceptibles de ser modificados e implementados por las gobernaciones y alcaldías.

Así como Diana María Espinosa Bula, presidenta de la Sociedad de Ingenieros de Colombia, varios representantes de gremios y del sector de la construccción coinciden en que un problema es la manera cómo se construyen los pliegos de condiciones.

Fernando Sánchez, presidente de la Sociedad Tolimense de Ingenieros (STI), señaló que los gremios que representan la ingeniería en el país pretenden que se implemente un pliego único, que sea inmodificable.

Para Félix García, presidente de Camacol y constructor, muchos requisitos que aparecen en los pliegos de condiciones son vistos como un problema.

“Yo creo que el Congreso de la República debería acometer el estudio de una ley que fuera sobre los pliegos específicamente.

“Unos pliegos estándar a nivel nacional en que los alcaldes o gobernadores, o sus secretarios, no tuvieran la posibilidad de incorporar cláusulas adicionales que excluyen a muchas personas y empresas dedicadas a la contratación”, opinó.

Por su parte, Sánchez dijo que un problema son las condiciones, a veces incoherentes, que se establecen en los pliegos, y que generan exclusión de firmas y proponentes de los concursos públicos.

Y explicó que esa situación se presenta en los aspectos financieros y la experiencia exigida para poder participar.

“Hay casos de municipios en los que si una obra cuesta 200 millones de pesos, solicitan al contratista que tenga un patrimonio cinco veces superior a ese presupuesto oficial de capital de trabajo, lo cual es absurdo”, dijo.

O en otros casos, señaló, se solicitan condiciones exorbitantes de material, lo cual ocurre en la pequeña, mediana y gran contratación.

También explicó que están los casos en que se solicita que el interesado, por ejemplo, certifique que adelantó una labor específica en los últimos 24 meses.

Requisito que, según él, excluye a contratistas que tienen registros más antiguos, de hasta más de dos décadas y quienes, como se entiende, tienen una mayor experiencia.

El ingeniero añadió que a pesar de que existe divulgación a través de medios digitales como el Portal Único de Contratación (Secop), las firmas no se presentan porque consultan los pliegos de condiciones y se enteran de que no cumplen con los requisitos.

No quieren licitar

Frente a la posible exclusión de proponentes a causa de los pliegos, Jaime Daniel Salazar, director de Contratación de la Alcaldía de Ibagué, resaltó que todos los oferentes están en el derecho de presentar observaciones en caso de que el documento esté errado o presente alguna irregularidad.

Y con respecto a la incidencia de los pliegos en la baja oferta de proponentes, Salazar dijo que ello podría generarse porque los requisitos que se solicitan son muy específicos, lo cual deja por fuera del juego a varios interesados.

También, afirmó que otra causa podría ser la baja oferta de servicios y el nivel de especialidad, que no es tan amplio en ciudades intermedias como Ibagué, a diferencia de otras urbes más grandes.

No obstante, los promedios de oferentes en ciudades como Bogotá, Bucaramanga o Barranquilla se ubican en menos de tres, según el informe, y el de Ibagué, no alcanzó ni siquiera los dos oferentes por proceso.

Salazar añadió que otra posible razón es la existencia de cierta apatía a contratar con el Estado. “A los particulares les da pereza contratar con el Estado”, señaló.

Según el funcionario, ello se debe a causas como experiencias pasadas, prejuicios, el desgaste por los trámites burocráticos y administrativos.

Con respecto a esa posición, Félix García y Fernando Sánchez coincidieron en decir, que contratar con el Estado puede convertirse en un proceso engorroso, debido a los trámites y las condiciones de los contratos.

“Para contratar con el Estado, uno tiene que convertirse en profesional de la contratación y la licitación, porque es muy complicado”, señaló por su parte García.

Corrupción: de que la hay, la hay

Con respecto a los posibles casos de corrupción en los procesos que podrían involucrar pliegos de condiciones ‘amañados’ o direccionados, Sánchez opinó que existen casos en los que a los documentos solo les falta decir el nombre del contratista ganador.

Jaime Daniel Salazar, por su parte, reconoció que puede haber algún elemento de corrupción dentro de los procesos de selección, pero afirmó que en cualquier caso, ello debe ser comprobado.

Entre tanto, Félix García señaló que los resultados de la investigación podrían indicar que no existen proponentes calificados o que las licitaciones vienen amarradas.

“Lo que estamos viendo con la actual normatividad es que hecha la ley, hecha la trampa y esos promedios que muestra el estudio son bien preocupantes.

“Al haber esa exclusión (de proponentes) tan grande, pues obviamente podrían ser licitaciones ‘chaleco’ en las que aparece un solo proponente”, aseguró.

EL NUEVO DÍA consultó a Efraín Hincapié, contralor del Tolima, quien explicó que si bien el seguimiento y control de las contrataciones en el Departamento hacen parte del campo de acción de la entidad, los procesos se revisan en ejecución.

Es decir, que luego de que son adjudicados y firmados los contratos, la Contraloría comienza a ejercer un seguimiento al desarrollo de obras, y por ejemplo si los recursos públicos están siendo o no bien invertidos.