El informe Brújula Minera presentado en el primer congreso de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), clausurado el viernes en Cartagena, evidenció que hay pesimismo en esta actividad tanto entre empresarios como en el Gobierno, pero se empieza a observar una mejor opinión pública frente a las posibilidades que ofrece este negocio. 

Jaime Arteaga, director de JA&A, explica que todo apunta a que “hay una mala lectura de la opinión pública, con lo que el pesimismo puede afectar las decisiones que adopte el Gobierno con respecto a asumir una posición directa y de respaldo frente a la minería, como de los empresarios con respecto a hacer más visible la minería”. 

Sobre las causas del pesimismo resulta llamativo el juego de ping-pong que se observa en las respuestas de los consultados, acerca de lo cual Arteaga comenta que “ese pesimismo lo explican los empresarios por la falta de apoyo del Gobierno y por el otro lado el Ejecutivo dice que se debe a los conflictos que se generan con las comunidades. Ambos tienen algo de razón en el tema”. 

Y, ¿dónde queda la preocupación pregonada por los empresarios de la menor cotización de los minerales en los mercados internacionales y la difícil coyuntura de los negocios? El experto asegura que esa no está identificada por la industria minera ni por el Gobierno como una razón prioritaria para la reducción de las operaciones mineras y figura como la menos significativa. 

Reanimación minera 

Los empresarios demandan planes de apoyo traducidos en medidas como la deducción por inversión en activos fijos productivos, la eliminación del impuesto adicional a los explosivos, la reducción del canon superficiario y ajustar las tarifas de retención que generan altos saldos a favor. 

Estos mecanismos “permitirán a la industria retomar la senda del crecimiento. Con ellas estamos convencidos que vamos a recuperar el ritmo de crecimiento minero: aquel en el que el Producto Interno Bruto minero crecía dos o tres puntos por encima del país: dinamizando y jalonando la economía nacional”, sostiene Santiago Ángel, presidente de la ACM. 

Sobre el tapete también está desde hace tiempo la lucha contra la extracción ilícita de minerales, pero el sector pide acelerar las acciones y Ángel afirma que “la afectación que causa la extracción ilícita de minerales al territorio, las comunidades y el medio ambiente es irreparable. La mayor amenaza para el posconflicto es la minería criminal y la mejor estrategia para este flagelo es la minería legal y formal”. 

Al responder las demandas del sector minero, el presidente Juan Manuel Santos enfatiza en que “estamos rediseñando la política minera”, y agrega que buena parte de las soluciones a esos reclamos están contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

En tiempos de necesidades fiscales también resulta llamativo que el mandatario indicara que instruyó a los ministros Minas y Hacienda para que se sienten a revisar la parte tributaria de la actividad minera. 

“Sé que ahí hay un área, un espacio donde podemos trabajar para que todos salgamos ganando. Aquí, con una serie de medidas, podemos aumentar la producción, aumentar los ingresos pero bajar la carga tributaria. Algunos dicen que eso es imposible. No, eso es muy posible. Creo que nos podemos sentar, ya tienen instrucciones, para proponerles una serie de caminos en esa dirección”, explica. 

Pero mientras las soluciones planteadas llegan, empresarios como el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, insiste en que la situación es compleja por los precios bajos y “lo que nos toca hacer es volvernos más productivos y ver cómo hacer que la estructura de costos se reduzca”. 

En el caso de esta compañía una de sus angustias tiene que ver con un cese de actividades, calificado por Gaviria como ilegal, y otras como Drummond esperan que se resuelvan los requerimientos para normalizar el transporte de carbón por la línea férrea, pues la restricción nocturna afecta los despachos y reduce su operación.