El SIC acusa a doce ingenios colombianos, la asociación gremial Asocaña y a dos empresas comercializadoras de "haber incurrido durante varios años en una conducta concertada, continuada y coordinada para obstruir importaciones de azúcar", según detalla el órgano de control en un comunicado difundido el miércoles por la noche.

La multa asciende a 320 mil millones de pesos (110 millones de dólares), una cifra que suma las sanciones a la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (Asocaña), las comercializadoras Ciamsa y Dicsa, los 12 ingenios afectados y 14 altos directivos.

Las importaciones obstruidas provenían de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, hacia Colombia, según la misma fuente.

La SIC acusa también al Fondo de Estabilización de Precios de Azúcar (Fefa) -el organismo público encargado de garantizar la competencia- de facilitar la cartelización del sector.

Pese a que la Superintendencia de Industria y Comercio no está habilitada para sancionar a dependencias del estado, ordenó la revisión de la Fepa como herramienta de control en un plazo de seis meses.

"El Fepa, como mecanismo de intervención del Estado en la economía, fue desnaturalizado por las decisiones que durante muchos años adoptó su Comité Directivo, convirtiéndolo en un instrumento idóneo para la repartición de cuotas de producción o suministro de azúcar en el mercado colombiano", agregó.

La investigación se inició en 2010 a partir de algunas denuncias presentadas por varios empresarios consumidores de azúcar, entre ellos, Coca-Cola Femsa, Nestlé de Colombia y Bimbo de Colombia.

En el país, se produjeron más de 13 millones de toneladas de azúcar en lo que va de año, de las cuales 380 mil se destinaron a la exportación, según datos de Asocaña.

"Sanción es una pena de muerte para el sector azucarero": Humberto Martínez

El abogado Néstor Humberto Martínez, apoderado de varios de los ingenios, calificó las elevadas multas como “confiscatorias” y que “le hacen grave daño a la industria y al Valle”.

Anotó que “las multas impuestas por la Superindustria ascienden a todas las utilidades del 2014 de los ingenios, más las del 2013 y la mitad de las obtenidas en 2012”.

Eso, anotó, “es una industria que se queda sin las utilidades de los últimos tres años”. Puso de presente que” Asocaña que es el gremio recibió una multa de $30.000 millones, que es casi ocho veces su patrimonio”.

Martínez dijo que pese a ello “apelamos a la sensatez y el sentido de la justicia del Superindentente porque en realidad es una pena de muerte que se le impone al sector azucarero nacional”.

Por su parte, el abogado Pablo Cáceres, apoderado de Asocaña, afirmó que “las acusaciones de la Superintendencia son falsas. En el caso de Asocaña quedó demostrado hasta la saciedad que las importaciones nunca se obstruyeron y se adjuntaron los registros de las importaciones que los industriales han hecho a lo largo de los años, desde el momento mismo del período de inicio de la investigación.

Subrayó, “en la investigación nunca se mencionaron importaciones procedentes de Guatemala y El Salvador, por lo cual es abiertamente ilegal una sanción sobre hechos que no figuran en la investigación”.

Contra las sanciones existe recurso de reposición a presentar por parte de las empresas afectadas.

Se afectará viabilidad del sector, dice la Andi

Frente a las sanciones impuestas por la SIC a los ingenios azucareros del Valle, la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, seccional Valle, consideró que “más allá de la culpabilidad o no de los implicados –tarea que es respetable y corresponde a los entes de control, – el análisis del monto y magnitud de las sanciones pueden llegar a afectar la viabilidad del sector, vital generador de empleos en el Valle”.

El gerente seccional de ese gremio, Gabriel Velasco, dijo que las multas “sí pueden llegar a sobrepasar el 100% de las utilidades de algunas compañías, hecho que significaría un golpe importante a la economía regional”.

Enfatizó que “en este escenario, se abre nuevamente el debate sobre los procedimientos de investigación, debido proceso y apelación con que cuentan las empresas y personas asociadas a este tipo de investigaciones”.

Anoche, el ingenio Riopaila Castilla, a través de un comunicado aclaró que la compañía no ha sido notificada de las sanciones de la Superindustria.

Resaltó que “la empresa es respetuosa de la decisión de la Superindustria. Sin embargo, está convencida de la transparencia y legalidad de su proceder en el total respeto a la libre competencia, y por lo tanto, acudirá al recurso de reposición. Además, como lo hemos manifestado, consideramos que durante el proceso se han cometido fallas graves procesales y se nos ha violado el debido proceso, el derecho legítimo a la defensa”.