Hasta el momento, son pocos los detalles que se conocen sobre esta inspección, realizada tras una solicitud hecha por el contralor General, Edgardo Maya al ente acusador. De acuerdo con la información que ha trascendido, se revisan computadores, discos duros, estados financieros, libros contables y cualquier otro documento que pueda ser convertido en evidencia.

Hace pocos días en respuesta a un cuestionario enviado por El Universal, Colprensa y otros medios impresos asociados, el presidente de Reficar, Reyes Reinoso, señaló que no se puede hablar de sobrecostos y que hasta el momento en las inspecciones realizadas por la Contraloría no se han encontrado comportamientos dolosos o delictivos.

“Lo que me gustaría resaltar es que no es correcto afirmar que hubo “sobrecostos”, por la diferencia entre el presupuesto de inversión inicial y el final, y menos aún afirmar que hubo un desfalco por cuatro mil millones de dólares”, señaló. (Lea aquí: “Defenderemos hasta el último peso”: Reinoso)

La Contraloría General de República presentó un estudio que calcula en 4.023 millones de dólares el incremento de costos de ejecución de la megaobra, en la zona industrial de Mamonal, suroccidente de Cartagena. Las cuentas del contralor Edgardo Maya son que el proyecto, en principio, se presupuestó en 3.993 millones de dólares y terminó costando 8.016 millones de dólares.

El presidente Juan Manuel Santos en días anteriores pidió contundencia en las investigaciones y dijo que los sobrecostos no se dieron durante su mandato, sino en el de su predecesor.

LA INVESTIGACIÓN

Inicialmente, el ente acusador investigará estos hechos por el delito de peculado por apropiación. En ese sentido, la Fiscalía le solicitó a la Contraloría General los documentos que sustentan los hechos referenciados por la entidad sobre los presuntos sobrecostos en el proyecto.

Dentro de las diligencias que tiene dispuesta la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, se solicitará información a la firma Chicago, Bridge and Iron (CB&I), sobre las razones que llevaron al incremento en la ampliación. La Fiscalía también busca determinar si la firma ha llevado a paraísos fiscales dineros relacionados con el megaproyecto.