Esta vez lo hizo desestimando directamente los argumentos que esgrimió el Ministerio de Hacienda que en una comunicación anterior había dicho que esta autorización del Congreso tenía sustento legal y constitucional.

En respuesta, el organismo de control advierte que por mandato constitucional, los recursos del Fondo tienen tratamiento y protección especial, y no se puede desconocer tal circunstancia al ordenar su descapitalización.

A través del director General del Presupuesto Público Nacional, Fernando Jiménez Rodríguez, el Ministerio de Hacienda había dicho que la descapitalización del (FNA “es constitucional y legalmente viable, pues la destinación específica prevista en el artículo 48 de la Constitución Política sólo aplica a los recursos que tienen relación directa y objetiva con la seguridad social, y no a los recursos propios de las entidades”.

Para el Ministerio de Hacienda, al recaer la orden de descapitalización sobre el patrimonio del FNA, no sobre las cesantías y ahorros de los afiliados, no se desconoce dicha norma.

No obstante, la CGR sostiene que esa norma constitucional prohíbe de manera expresa destinar y utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ellas.

Para la CGR, “no aplica la división entre recursos relacionados directa o indirectamente con la seguridad social, y los propios de la entidad que los administra”, como sostiene la cartera de Hacienda.

“Así lo indica expresamente el parágrafo del artículo 4º de la Ley 432 de 1998, al señalar que los recursos, utilidades y rendimientos del FNA no podrán destinarse para fines diferentes a su objeto y funciones, norma que no es oscura ni ambigua, ni condiciona la prohibición al origen de los recursos”, señaló la Contraloría.