Aunque la Administración municipal ha anunciado una serie de medidas para calmar el descontento de la ciudadanía a raíz de los incrementos del impuesto predial, como lo fue el pedido al Presidente de la República de congelar la vigencia de la más reciente actualización catastral, la incertidumbre e indignación de los ibaguereños no cesa.

Con la participación de poco más de cinco mil ciudadanos convocados por el colectivo ‘No al Predialazo’, ayer se adelantó el ‘cacerolazo’, segunda manifestación que adelanta el movimiento conformado por algunos medios de comunicación, líderes comunales, empresarios e ibaguereños indignados con el incremento del predial.

Acompañados de banderas, pitos, cornetas y ollas, los ciudadanos se agolparon sobre las 4:30 p.m. en el parque Andrés López de Galarza, donde corearon arengas contra el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, su hermano y el director del Igac, por considerarlos responsables y beneficiarios del incremento del impuesto predial.

Antes de iniciar la marcha con destino a la Plaza de Bolívar, los organizadores pidieron a los asistentes marchar en paz y evitar cualquier alteración de orden público, después que Jaramillo los hiciera responsable de cualquier acontecimiento durante la manifestación, en la que participaron fundaciones sociales, asociaciones de discapacitados, juntas de acción comunal y mucha población de la tercera edad con pancartas de representación de diferentes barrios de la ciudad.

Pasadas las 5 de la tarde, los manifestantes tomaron la carrera Tercera hasta llegar al frente de las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué donde la marcha se convirtió en plantón, y los gritos y arengas arreciaron.

Una vez allí, los funcionarios de la Alcaldía desplegaron desde el techo de la sede una pancarta en la que explicaban las medidas que se han tomado desde la Administración municipal para hacer frente a la problemática.

¿Qué se viene?

La gran conclusión del ‘cacerolazo’, debido a su masiva asistencia, es que evidentemente existe un descontento en diferentes sectores de la ciudad por los incrementos del predial y el tema no se reduce a ataques políticos, motivo del año electoral.

En ese sentido, con el claro mensaje de descontento de los ibaguereños y las medidas que ya ha adoptado la Administración municipal para reversar los cobros y la actualización catastral, la pelota queda en manos del presidente Juan Manuel Santos, quien a través de un decreto puede congelar la vigencia de los avalúos hechos por el Igac.

Sin embargo, en caso que el pedido de la Alcaldía y el Concejo no tenga éxito, el camino restante serían las acciones populares que anunciaron los gremios económicos y el mismo colectivo para parar las alzas mediante la vía jurídica.

Actualización catastral rural

La Secretaría de Planeación informó que la actualización catastral rural, contratada con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), iniciaría en el segundo semestre del año.

“Nosotros suscribimos un convenio en el mes de mayo con el Igac para la actualización urbana del catastro. La zona urbana está compuesta por trece sectores que están divididos por zonas geoeconómicas con características similares”, explicó Héctor Eugenio Cervera, secretario de Planeación.

Para el caso de las viviendas ubicadas en Las Victorias, el funcionario aclaró que dicha zona no está incluida dentro del perímetro urbano de Ibagué y hace parte de la zona rural.

“El POT que realizó la anterior Administración municipal dejó por fuera esa zona del perímetro urbano, siendo este un sector debidamente consolidado y que tiene todas las características de una zona urbana. Este es un problema heredado y debemos esperar hasta que tengamos un nuevo POT para modificar el perímetro urbano de la ciudad e incorporar dichos predios”, agregó Cervera.

Por su parte, Ismael Molina, director del grupo de Plan de Ordenamiento Territorial, puntualizó que la actualización del área rural se iniciaría entre los meses de junio y julio de acuerdo con el cronograma que tiene establecido el Igac.

Dato

Cinco concejales no firmaron la carta que el alcalde Jaramillo presentó al presidente Santos para que suspenda por un año los efectos de la actualización catastral.