La más reciente decisión de la Corporación Autónomo Regional del Tolima (Cortolima), de ratificar que en el Parque Natural Regional del Meridiano en Rioblanco, conocido por la comunidad indígena como el ‘We’pe Wala’ no podrá ser intervenido, volvió a generar polémica en la comunidad del corregimiento ‘Herrera’ que realiza trabajos de adecuación de una vía terciaria que le permite conectarse con el municipio de Florida (Valle del Cauca).

De acuerdo con Julio César Romero, líder de la comunidad de esa zona, no se entiende por qué no se puede adelantar este proyecto que según dice los habitantes han adelantado artesanalmente durante muchos años por la necesidad de acercarse con el casco urbano, mientras que el Grupo de Energía de Bogotá adelanta un megaproyecto energético en la misma zona que conectará al centro del país con el Valle del Cauca.

“Estamos firmes en el propósito de cumplir el sueño ancestral de esa carretera que nos conecte, añoramos el mejoramiento de ese camino y la Corporación se niega, aunque grandes compañías sí tienen permiso para un proyecto de alta tensión, que pasa por nuestras cabezas y ni siquiera nos dejan el servicio de energía que aquí falla constantemente”, dijo Romero.

Esta semana el subdirector de Calidad Ambiental de Cortolima, Rodrigo Hernández, y funcionarias del subproceso de Áreas Protegidas de la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica, explicaron a la comunidad la normatividad establecida para la conservación y protección de las 2.781 hectáreas que conforman el páramo y las razones del porqué no es viable realizar su proyecto.

De igual forma, explicaron a la comunidad que el Grupo de Energía de Bogotá obtuvo la licencia para ese proyecto por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Durante la reunión se establecieron mesas de trabajo para dar solución a las denuncias de incumplimientos y afectaciones ambientales de la empresa con la comunidad.

Seguirán las protestas

A pesar de la reunión y que Cortolima dice que los trabajos manuales de la comunidad para finalizar los 5 kilómetros que los una con Florida genera graves daños en los predios de conservación y protección del recurso hídrico y biodiversidad aledaña al río Saldaña y un impacto ambiental dañando frailejones y musgo, la comunidad persiste en las protestas contra el Grupo de Bogotá y los trabajos en la vía terciaria.

“La comunidad está unida y firme, no puede ser que vengan y dañen las vías que nosotros mismos hicimos para hacer el megaproyecto y no nos dejen nada. Seguimos con los plantones y los trabajos a ‘pico y pala’. Les pedimos a los contratistas que dejen las carreteras como las encontraron o mejor, y que nos apoyen con la culminación de nuestra carretera”, agregó Romero, quien precisó que por el momento los plantones para impedir la movilización de maquinaria y material por la carretera que ellos mismos construyeron seguirán para evitar aún más deterioros.

RÍO COMBEIMA

Asimismo, Cortolima informó que el Proyecto Integral Cuenca Combeima, entidad encargada de operar los dineros para conservar y proteger la cuenca del río Combeima, entregó a 18 juntas de acción comunal $1.653 millones para ejecutar las actividades del proyecto.

La inversión se verá reflejada en reforestación, huertas caseras, construcción de biodigestores, estufas ecoeficientes, educación ambiental, entre otros.

¨De esta unión de esfuerzos entre Ibal, Cortolima, Alcaldía y comunidad lograremos garantizar la cantidad y calidad de agua de los ibaguereños¨, dijo Yesid Fernando Torres, subdirector de Desarrollo Ambiental de Cortolima.

Los monitoreos hechos por el Ibal al río Combeima desde 1978 hasta 2016 indican que la disminución del caudal se redujo en 65%, es decir 3.200 litros por segundo.

SEGUIMIENTO A MINA EN CARMEN DE APICALÁ

Por otra parte, la Corporación, con el apoyo de la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria para el Tolima, y la Agencia Nacional Minera hicieron una visita de seguimiento al proyecto minero ‘Peñas Blancas’, en la vereda San Antonio de Carmen de Apicalá.

El proyecto que pertenece a Raúl Cruz Moya fue visitado para comprobar el cumplimiento de obligaciones y requerimientos ambientales ordenados mediante actos administrativos de otorgamiento de licencia ambiental, cuya diligencia solicitó el titular de la licencia, LAN número 14704, cuyo proceso tiene vigente medida preventiva de suspensión de actividades, según lo dispuso la autoridad ambiental. Las autoridades emitirán un informe técnico para poder definir de fondo el destino operativo del proyecto minero. “En las próximas semanas se resolverá la situación jurídica ambiental del citado proyecto y las resultas del proceso sancionatorio de carácter ambiental que recientemente dispuso la autoridad ambiental”, precisó el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso.