En cabeza de los empresarios Fernando Peñalosa, César Ramos (Root+Co), Andrés Sierra y Eduardo Fandiño, ayer se anunció oficialmente la conformación del colectivo ‘Dolientes por Ibagué’, el cual fue conformado por un grupo de alrededor de 90 empresarios a raíz de lo que ellos consideran unas “medidas arbitrarias” de la Alcaldía municipal.

Entre las “medidas arbitrarias” que denuncia el colectivo, están el cierre arbitrario de establecimientos comerciales, política de espacio público que atropella el sector formal, el aumento desmedido del predial, el incremento del desempleo, el agua potable en el sur, “persecución al sector empresarial” y la “violencia verbal” por parte del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Nos duele Ibagué, porque creemos que la política local pública no está siendo congruente con las necesidades de la ciudad (...) Un municipio busca tener recursos para hacer obras, y en eso los empresarios estamos de acuerdo con que así progresa una ciudad, el problema es la forma, consideramos que más allá de atacar al sector productivo que es el que genera esos recursos, hay que incentivarlo, si los negocios son más prósperos los recursos se obtendrán vía crecimiento económico y no vía tarifas”, aseguró Fandiño, quien precisó que las peticiones que hacen son basadas en las conclusiones de la mesa técnica de desempleo.

La primera medida que anunció el colectivo ‘Dolientes por Ibagué’ es un plantón convocado para el próximo lunes a las 8 a.m. en la plaza Murillo Toro, el cual llamaron “Sepelio de Ibagué, no dejemos enterrar nuestra ciudad”.

Sobre la creación de este colectivo y las inconformidades que denuncian, el secretario de Gobierno (e), Daniel Soto, cuestionó las verdaderas intenciones de estos “dolientes” y el por qué no aparecieron cuando la ciudad estaba en crisis en administraciones anteriores, “ya sabemos quiénes promueven la marcha, entonces me pregunto lo primero, si les duele tanto la ciudad, ¿por qué no les dolió cuando en la Administración anterior se la estaban robando”, dijo Soto, quien recordó que Andrés Sierra, uno de los promotores del plantón, en 2015 elogió la gobernabilidad y el buen momento que atravesaba la ciudad bajo el mandato de Luis H. Rodríguez.

Entre las inconformidades específicas del colectivo están la falta de solución al agua potable al sur de la ciudad hecho que Soto aseguró solo busca sacar réditos políticos, “desde que se planteó el acueducto complementario se invirtió para garantizar el agua potable en los barrios del sur. Lo que pasa es que en esos barrios hay acueductos comunitarios que no brindan agua potable. Entonces cuando llega la Alcaldía con el acueducto con posibilidad de dar agua potable, se les acaba un negocio particular que ha sido utilizado hace mucho tiempo de forma política por sectores que hoy están apoyando este plantón y este tipo de actividades”.

La administración responde

Una de las principales inconformidades es el “cierre arbitrario” de establecimientos gastronómicos en la calle 64 y el Mercacentro de la 37, acciones que aseguran merma la creación de empleo. Al respecto, el Secretario de Gobierno argumentó que “en la 64 hay una ocupación indebida de espacio público, a ellos se les permitió celebrar un contrato con la Gestora Urbana para el uso del espacio, pero vaya a ver y no hay espacio en el andén, pagan una parte pero se toman el resto del andén ¿eso es perseguir a los comerciantes o es buscar comerciantes organizados?. Allá se hicieron las visitas e incumplen con las condiciones fitosanitarias, venden comida cuando no garantizan condiciones de salubridad para dar el servicio, entonces es persecución a los comerciantes o una Alcaldía que está haciendo cumplir la Ley y el Código de Policía”, explicó Soto, quien dijo que en el caso del Mercacentro fue una petición y un proceso de particulares, donde la copropiedad, bajo la Ley, dio su concepto, “quieren que no le demos el trámite que legalmente corresponde a una querella policiva, presentada por la Copropiedad, y eso sería prevaricato por omisión, nosotros cumplimos la Ley”.