En total, según establece el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019, este costo fiscal se elevó $5 billones en el último año, lo que representa un alza de 6,8%.

De ellos, los tratamientos especiales que suponen el mayor costo para las arcas públicas son los de IVA, puesto que si todos los bienes y servicios de la canasta tuvieran una tarifa general de 19%, el Estado podría llegar a recaudar hasta $64,7 billones al año, lo que equivale a 6,6% del PIB.

En concreto, el mayor impacto lo tienen los bienes y servicios excluidos como son el arroz o las frutas ($51,9 billones); seguido de los exentos como el huevo o la carne ($9,7 billones); y los que están gravados a 5% como el café o las harinas ($3 billones).

Precisamente, la cantidad de exenciones y exclusiones de IVA que existen en la actualidad y que, en algunas ocasiones, benefician de manera desproporcionada a los hogares de mayores ingresos, fue lo que llevó al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a proponer sin éxito, en agosto pasado, que se gravara a toda la canasta familiar con un mecanismo de devolución para los menos favorecidos.

“No hay ningún estudio que evalúe el beneficio que recibe el país por mantener estos tratamientos especiales. Además, en la pasada Ley de Financiamiento se crearon nuevos beneficios tributarios que valen unos $9 billones”, manifestó Mario Valencia, vocero de Justicia Tributaria.

En cuanto a impuestos nacionales al carbono, el costo fue de $273.000 millones en 2018, lo que representó un repunte de 152,6% frente al mismo periodo del año anterior. Principalmente, ello se debió al incremento de las cantidades reportadas como diésel marino y combustibles para reaprovisionamiento de buques, las cuales están dentro de las categorías no gravadas. Tampoco causa este impuesto la gasolina vendida, retirada o importada en Guainía, Vaupés y Amazonas.

Por su parte, el costo del impuesto a la gasolina y el Acpm llegó a $203.000 millones, 9,1% más que hace un año y, principalmente, este costo se concentra en las zonas de frontera.

Para Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana, estos beneficios generan una injusticia porque su distribución es desigual entre los diferentes sectores productivos y además tampoco benefician a los consumidores.