Sin embargo, cada vez incrementan más las quejas de los arrendatarios, lo que llevó a que se radicara en el Congreso de La República donde se solicita cambiar la Ley de arrendamientos 820 de 2003, propuesto por José Daniel López, representante a la Cámara.

La iniciativa propone que las alcaldías municipales sean las encargadas de vigilar y multar a las empresas que realicen actividades ilegales con 200 salarios mínimos mensuales, que equivale a $165 millones.

Fedelonjas ve con preocupación esta iniciativa, ya que la intermediación inmobiliaria requiere de una regulación para proteger el patrimonio de los propietarios

María Clara Luque, presidente de Fedelonjas, asegura que eliminar las pólizas y las fianzas de los arrendamientos acabaría con la motivación de los inversionistas.

La claridad en las garantías de la ley fue la que impulsó la inversión en vivienda para arrendar, asegura Luque, “no se puede desconocer que hoy muchas familias de todos los estratos que no tienen una pensión laboral tienen como fuente de sustento los cánones de arrendamiento”.

Sin garantía

De llevarse el cambio de la ley, la venta de vivienda puede frenarse aún más, ya que el propietario no tendría la garantía de que su patrimonio está protegido y va a recibir su alquiler.

“Compartimos la preocupación del ponente en el sentido de que la informalidad de la intermediación de los estratos 1, 2 y 3 es muy alta y, al no tener ni la capacitación ni el conocimiento profesional, las personas inescrupulosas consideran que es suficiente con presentar a un cliente pasando por alto que una verdadera administración inmobiliaria parte del respeto por los contratos y las necesidades y los derechos tanto del arrendatario como del propietario”, agregó Luque.

Fedelonjas solicita al Gobierno Nacional regular las condiciones necesarias y la profesionalización de la actividad que no tienen supervisión.