El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) es una empresa líder en calidad. A instancias del Presidente López Michelsen –a mediados de los años 70- salió de manos privadas y el municipio y el ministerio de Hacienda tomaron control. Mientras el Índice de Riesgo de Calidad de Agua permitido en Colombia es 5%, el AMB es de los mejores con 0,31%.

Aparte de una embarazosa contratación de crédito para proyectos de expansión, esta empresa tiene buen desempeño.

Cuento lo anterior para denunciar que el destituido alcalde, Rodolfo Hernández, emprendió una injustificada reforma de los estatutos del AMB volviéndolo empresa cuyo propósito sea “creación de valor económico” y haya fijado como objetivo una “gobernanza financiera” del agua como un negocio donde toda actividad debe generar retornos de más del 12%. Es decir, soterradamente, produjo una privatización por la puerta de atrás y por ello eliminó el mínimo vital y negó agua potable a viviendas y colegios rurales.

Por ende, resulta insólito que esa misma línea -que aquí dicta el BID y sus normas de gobierno corporativo- se esté trazando también sobre la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado –Ibal- y más aún cuando se asume que las concepciones del alcalde de Ibagué, Guillermo A. Jaramillo, que vienen de las canteras del “humanismo” de Petro, distan del autoritarismo neoliberal de Hernández.

Sobre Ibal –incluida en el programa COMPASS del BID y otras agencias- la firma consultora Governance Consultants que busca el “Diseño e implementación de un nuevo Modelo de Gobierno Corporativo” prescribe como propósito “garantizar generación de valor económico” justificado en conservar el patrimonio a largo plazo y a nombre de la efectividad en sus “procesos de toma de decisiones”.

Esas premisas contradicen y cambian–de hecho- la actual misión del Ibal expresada en otros términos como: “una empresa pública, que presta los servicios de acueducto y alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo a la protección y conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, garantizando la satisfacción del cliente”. Queda borrado cuando la receta de los consultores del BID es que “las decisiones de los administradores de Ibal estén alineadas con la búsqueda de generación de valor económico…de manera financieramente sostenible”.

¿Por qué desaparecen en ese nuevo gobierno corporativo la “protección y conservación del medio ambiente”? ¿Prima la “sostenibilidad financiera” sobre “la satisfacción del cliente”? ¿Y más todavía: Cuando se impone la “autonomía empresarial” y la “independencia” de una tecnocracia a cuyos perfiles se les entregan a largo plazo las decisiones y la administración totalitaria del Ibal, se exime toda veeduría ciudadana y, de contera, a quien la representa en esta democracia: al Concejo Municipal? ¿No es, en efecto, una forma de privatizar -sin vender- y trocar el agua de derecho fundamental a fuente de ganancias y de lucro?

¿De qué sirve oponerse a la explotación minera en La Colosa o Santurbán si en el tubo el agua potable se trastoca en mercancía como carbón u oro? Ojalá la presente campaña en Ibagué agite este debate -que una empresa de acueducto no es como cualquiera otra- y para que Jaramillo sincere las reales repercusiones de lo que está haciendo incluso por fuera de su propio Plan de Desarrollo.

Frase

"Que una empresa de acueducto no es como cualquiera otra- y para que Jaramillo sincere las reales repercusiones de lo que está haciendo incluso por fuera de su propio Plan de Desarrollo", Aurelio Suárez.