El ente de control establece que el país necesita de infraestructura de respaldo que le permita atender la demanda de gas natural “en términos de seguridad y confiabilidad, como un activo de flexibilidad, el cual ha sido propuesto por el Gobierno nacional desde el año 2010 en los diferentes planes de desarrollo”.

Por otro lado, la Contraloría realizó un estudio sobre el comportamiento de las reservas frente al crecimiento del sector minero energético en términos de oferta y demanda. El texto da cuenta de una serie de debilidades de control por parte del Ministerio de Minas sobre entidades adscritas a esta cartera como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Unidad de Planeación Minero-Energética y la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Según la Contraloría, tales deficiencias se evidencian en las diferencias de cálculo sobre las reservas de gas por parte de la ANH y el Ministerio.

“Estas debilidades en el control y coordinación ocasionan retrasos en la entrada de operación de los proyectos, como es el caso de la planta regasificadora (del Pacífico), lo que aunado a la ocurrencia simultánea de un escenario de pérdida de autosuficiencia, generaría un déficit en el balance oferta - demanda con sus consecuentes implicaciones en el precio del gas natural y las tarifas de energía eléctrica, afectando a los usuarios más vulnerables”, puntualiza el análisis.

Otro de los puntos más relevantes del informe emitido por el ente de control, dictamina que para 2022 la cantidad de gas para la venta no será suficiente para cubrir las necesidades, pues las reservas han presentado una caída significativa en la Costa Atlántica.

“Esta situación ha sido de conocimiento del Gobierno nacional, que ha contemplado la construcción de dos plantas de regasificación como alternativa para importar gas natural y garantizar el abastecimiento en términos de seguridad y confiabilidad”, añade.

Dato

Se contemplaría la construcción de dos plantas de regasificación como alternativa para importar gas natural.