Varios partidos políticos ya han dejado en claro cuál será su voto. Por ejemplo el Partido Conservador, ha anticipado que no apoyará ciertos puntos del proyecto como el incremento del IVA o gravar los productos básicos. Además, los azules indican que es imposible colocar un impuesto a las pensiones de más de siete millones de pesos, pues esto podría afectar derechos adquiridos y entrar en el campo de la inconstitucionalidad. 

Así mismo, algunos congresistas azules se oponen a la reducción de la base gravable, para que personas que ganen 2.5 millones de pesos mensuales paguen renta.

Por otro lado el Partido de La U a través de su presidenta Dilian Francisca Toro, también se opuso a votar a favor “cualquier impuesto a la canasta familiar”. De hecho, la exgobernadora indicó que “no es justo que se cobren impuestos a la renta de personas naturales, ni que se afecte a los pensionados  que durante tantos años ahorraron para tener una vejez digna”.

Es decir, que en términos generales las colectividades afines al gobierno han sentado sus tres líneas rojas en: IVA a la canasta familiar; renta a personas naturales; e impuesto a las pensiones”, dejando la puerta abierta para discutir y aprobar las demás reformas que contenga el documento.

Los independientes

Pese a que el Partido Liberal y Cambio Radical han apoyado al gobierno en la mayoría de iniciativas al ser independientes parece que la reforma tributaria será la excepción. Desde que se conoció que el gobierno radicaría una nueva Reforma Tributaria el Partido Liberal mandó publicar vallas en todo el país con el mensaje: “Iva a la canasta familiar. ¡Mamola!”.

La posición del partido no ha cambiado, además, exigen que no haya IVA a las pensiones ni a los salarios por debajo de los tres millones de pesos. Sin embargo, desde la colectividad está abierta la puerta para analizar un gravamen a los altos patrimonios, perseguir evasores, y acabar exenciones entregadas en otras reformas tributarias. Según conoció Colprensa desde la dirección del Partido se va a obligar a que la votación de la iniciativa sea en bancada.

El Partido Cambio Radical, también declarado independiente, parece que tampoco va con la reforma. El líder político de esa colectividad, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, publicó una columna en El Tiempo en la que sostuvo que bautizar la reforma “con el apelativo de ley de solidaridad sostenible”, es un exabrupto, pues “Vaya concepto de sostenibilidad aquel de asfixiar al sector productivo y quitarle toda competitividad, expropiar el ahorro, castigar a la clase media y convertir al Estado, por vía de subsidios multibillonarios y antitécnicos, en responsable de todo, como en Venezuela. Esta reforma es peor por el lado del gasto que por el del recaudo. Nunca el populismo, de ningún origen, ha sido sostenible”.

Sin embargo, según conoció Colprensa el partido no ha definido sus líneas rojas por lo que ya se está convocando a una reunión. De hecho,  José Daniel López, Temístocles Ortega y Jaime Rodríguez enviaron una carta a sus compañeros de bancada en la que piden hundir la reforma que trae el gobierno.  

Según un aparte de la carta  no es razonable “poner a pagar renta a quienes ganen mensualmente $2,5 millones o más. Imponer tributos nuevos a quienes ganan $2,5 millones o más es apretar del cuello a la clase media, golpear el poder adquisitivo de los hogares y promover la informalidad y la evasión”.

La oposición

Desde antes de ser presentado el documento los partidos de oposición han dicho no a la reforma. El Partido Verde, por ejemplo, sostiene que la propuesta que va a ser radicada en el Congreso “es inequitativa, perjudica a la clase trabajadora del país, exonera a los más ricos de pagar impuestos, afecta los precios de la canasta familiar sin tener en cuenta la dura situación económica de muchos colombianos en medio de la pandemia y no está pensada en recaudar dinero para la inversión social”.

Además, varios miembros de la colectividad como la representante Katherine Miranda han propuesto otro tipo de gravámenes, por ejemplo, que las iglesias paguen tributo o que las bebidas azucaradas tengan un impuesto.

“En los países de la OCDE, incluido Colombia, el sobrepeso está detrás del 70 % de los tratamientos por diabetes, del 23 % por enfermedades cardiovasculares y del 9 % por cáncer. Esto ha llevado a que los países miembros tengan que destinar en promedio el 8,4 % de su presupuesto en salud para atender esta calamidad de salud pública. Solo en Colombia se destinan 25 billones de pesos para estos fines anualmente. “¡Por favor, aprobemos un impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas con tarifa del 20 %! Eso le significaría al Estado al menos 1,4 billones de pesos al año y salvamos vidas”, dijo la congresista.

Por el lado de la Lista de la Decencia la oposición es total. La cabeza de esa bancada, Gustavo Petro, indicó que “el gobierno no quiere usar el dinero público ni en la renta básica ni en el subsidio a la totalidad de la nómina de la pequeña y mediana empresa, así condena al mismo tiempo a la gente al hambre y a la muerte por Covid por no hacer cuarentena”.

Así las cosas la reforma tributaria hasta el momento solo contaría con 51 votos a favor del partido Centro Democratico y  175 votos en contra de los demás partidos políticos.