De acuerdo con Camacol, la contracción en el volumen anual de vivienda de interés social vendida podría ser del 80%, lo que significaría que cerca de 100 mil hogares de bajos ingresos no tendrían acceso a este tipo de vivienda.

Esto, afirma Camacol, pondría en riesgo la reactivación económica y social del país.

“El Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible es un franco retroceso en el avance del modelo social que ha generado la VIS, -y que a hoy ha garantizado el derecho constitucional de millones de los colombianos de acceder a la vivienda social-, dado que elimina la posibilidad de construir y financiar nuevos proyectos de interés social y de interés prioritario, con sus efectos negativos adicionales sobre el aparato productivo del sector de la construcción”, señaló el gremio.

Según los cálculos de Camacol, de 130 mil nuevas unidades VIS que se lanzan anualmente, la actividad se reduciría a solo 26 mil unidades habitacionales.

Esto afectaría cerca de 440.000 puestos de trabajo y reduciría la demanda de insumos y materiales para la construcción en el 54% del aparato productivo del país.

“Tal como está planteado el proyecto de reforma implica un retroceso de tres décadas en el modelo de acceso a la vivienda de interés social que el país ha venido perfeccionando para los colombianos, dado que inviabiliza la oferta de nuevos proyectos habitacionales VIS”, señaló Sandra Forero, presidenta de Camacol.

Así mismo, el impacto de esa reducción en el volumen de VIS significa que la demanda de insumos de los 36 subsectores productivos del país encadenados con la construcción se contraería en $6.5 billones al año, es decir pasaría de $8 billones a $1,5 billones

“No es un impacto de poca monta, ya que hoy el 75 por ciento de los proyectos inmobiliarios que se lazan al mercado corresponden a Vivienda de Interés Social, esto quiere decir a su vez que 7 de cada 10 hogares compradores acceden a una vivienda social, todo esto es lo que está hoy en riesgo”, enfatizó Forero.