A través de un contundente documento, los representantes de las siete empresas de transporte público colectivo en Ibagué expresaron sus inconformidades y necesidades que desde hace tiempo vienen viviendo, pero que a raíz de la vandalización de cuatro busetas hace unos días, ‘rebosó la copa’.

Según la extensa carta, la situación comenzó con la llegada de la pandemia del Covid-19 en la que el normal funcionamiento del servicio tuvo que cambiar, pues “dejó de prestar (se) desde el 20 de marzo hasta el 27 de abril de 2020 por disposiciones de la Administración municipal”.

No obstante, cuando la operación reinició, lo hizo con el 50 % de los vehículos, un porcentaje que fue aumentando hasta septiembre del año pasado en el que llegó al 80 % de los automotores en operación, pero con una capacidad reducida de pasajeros por vehículos del 50 %.

La adopción de todos los protocolos de bioseguridad, la capacidad limitada de aforo y la incertidumbre con el coronavirus, generaron una disminución de la demanda que según los representantes del gremio, ahora tan solo se hace uso del transporte en un 40.4 % de la demanda.

“La situación económica del gremio transportista de la ciudad ha llegado a límites insostenibles y tan solo se obtienen recursos para cubrir algunos costos operativos, pero no para el mantenimiento y reposición del vehículo”. 

Sin ayudas

Las secuelas que aún trae la pandemia y la incipiente reactivación económica, han hecho que la sostenibilidad del sistema se vea bastante afectada, situación a la que según los representantes se suma que “el Gobierno nacional y municipal no ha generado subsidios al transporte para garantizar la sostenibilidad del sistema y por el contrario continúa con su política de no incentivar su uso e individualizando los sistemas de transporte, generando que cada día la crisis sea más grave”.

Además, que desde la Administración municipal se logre una gestión para ajustar las disposiciones legales de la Ley 105 de 1993, modificada por la Ley 276 de 1996, que permitan que la vida útil de los vehículos no sean 15 años sino se extienda a 20.

“Hoy un propietario de vehículo al cual se le cumple su vida útil de acuerdo a lo establecido en la ley 105 de 1993, no tiene cómo poder reponer su vehículo y está quedando por fuera del sistema sin ninguna oportunidad”. 

Temor y zozobra

Otro de los extensos puntos que toca la carta, es el rechazo a los actos vandálicos ocurridos en los últimos días, en el marco del paro nacional que está próximo a los 50 días en todo el territorio colombiano.

Los representantes del gremio expusieron que los 15000 ibaguereños que dependen de esta actividad económica de forma directa e indirecta “rechazamos los actos de vandalismo y terrorismo evidenciados en Ibagué, especialmente los del 8 de junio de 2021, en el que un grupo de jóvenes secuestraron cuatro vehículos de transporte público colectivo que prestaban el servicio conforme a los lineamientos legales, obligando a los usuarios a descender del vehículo y al conductor a entregar las llaves y bajarse del mismo.

(...) Este tipo de circunstancias generan temor y zozobra en el sector, pone en riesgo el patrimonio de más de 1200 familias que le apuestan a una economía, endeudándose por largo plazo para generar empleo y sobrevivir en una industria que debe soportar los mayores costos (...) razón por la cual no es justo que sean blanco, ante la carencia de respuesta y mirada indiferente de las autoridades locales competentes ante los despojos, ataques y desmanes”. 

Además, la falta de receptividad inmediata por parte de la Alcaldía y la Policía, que les obligó en su momento a comunicarse con otras instituciones como la Personería de Ibagué, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, a fin de acudir a todas las instancias que garantizaran tanto la integridad física de los conductores y vehículos. 

Sin embargo, “a pesar de las gestiones adelantadas en el momento del secuestro del primer vehículo ante las autoridades competentes no se encontró la oportuna respuesta, evidenciándose la falta de autoridad de la ciudad ante los despojos, ataques y desmanes de individuos, por lo que finalmente se acudió a instancias nacionales que atendieron el clamor ante la situación antes descrita”. 

Los requerimientos

En una reunión de carácter urgente, fue citado el alcalde Andrés Hurtado por los representantes del gremio que firman la petición, en donde se convocarán además los gerentes de las siete empresas de transporte público colectivo, dos miembros de los respectivos Consejos de Administración o Juntas Directivas de las empresas, y los siete representantes de los propietarios inscritos en la Secretaría de Movilidad. 

“Que presida reunión en un plazo máximo de ocho días a partir del recibido de la presente comunicación y dé solución a los temas”, concluye el documento. 

Cabe resaltar que los firmantes de la carta, que tiene copia en la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte, Planeación Nacional, Personería de Ibagué, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Hacienda, Concejo de Ibagué, Derechos Humanos y Fiscalía General de la Nación, son representantes de Sitsa, Cotrautol, Expreso Ibagué, Tures Tolima, Translain, Logalarza, Flota Cámbulos y La Ibaguereña.  

Las solicitudes

Garantizar la integridad física de los conductores y de los usuarios del transporte público colectivo.

Garantizar la seguridad del parque automotor en la prestación del servicio de transporte público colectivo de Ibagué, conforme a las disposiciones legales.

Responder económicamente por todos los daños y perjuicios generados a los conductores y propietarios de los vehículos de transporte público colectivo afectados.

Permitir que la vida útil de los vehículos de servicio público urbano colectivo de pasajeros se ajuste a las disposiciones legales de la Ley 105 de 1993, modificada por la Ley 276 de 1996, y en consecuencia la vida útil se mantenga en los veinte años y no de quince años como lo adoptó el Municipio.

Extender la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público en Ibagué por el término de tres años contados a partir del levantamiento de la declaratoria del Estado de Emergencia económica, social y ecológica en Colombia y dada la gradualidad de la reactivación económica en Ibagué.

Gestionar jornada especial de vacunación contra el Covid-19 para todos los conductores de transporte público colectivo, ‘Ola Naranja’; indistintamente de la edad.

Excluir a los propietarios del pago de impuesto de Industria y Comercio. 

Garantizar la transición en la tipología vehicular de conformidad al artículo 3 de la Ley 1972 de 2019, de tal manera, que todas las disposiciones de orden local deben ser adaptadas a las preceptivas de orden legal que por obvias razones tienen ámbito de aplicación nacional.

Establecer cronograma de operativos al transporte ilegal y entregar reporte quincenal con resultados contundentes.

Realizar las gestiones correspondientes ante el Gobierno nacional que brinde a los propietarios de los vehículos de transporte público colectivo las garantías para que puedan seguir prestando el servicio de transporte con los vehículos en un tiempo de uso de cuatro años adicionales a los establecidos en la Ley 105 de 1993 al Art. 6 modificado por el artículo 2 de la Ley 276 de 1996, de 20 años.

Coadyuvar en la judicialización de los responsables de los actos de violencia y terrorismo a fin de evitar que se repitan hechos similares en nuestra ciudad e informar de estas acciones de forma oportuna.

Realizar Consejo de Seguridad con la participación de la Fiscalía, de forma inmediata en donde se garantice la participación del gremio transportador en representación de los gerentes de las siete empresas de transporte público colectivo y los representantes de los propietarios registrados en la Secretaría de Movilidad.