La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar, presentó ante los representantes a la Cámara ponentes, sus consideraciones sobre el Proyecto de Ley 602 de 2021: “Por medio del cual se modifican la Ley 105 de 1993 y la ley 1508 de 2012 y se reestructura la política de los peajes en la infraestructura de transporte”, que cursa su trámite en el Congreso de la República. 

Entre las propuestas planteadas por Colfecar están establecer como distancia mínima entre cada estación de peaje 150 kilómetros y que el ajuste de las tarifas sea según la variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

Según Nidia Hernández Jiménez, presidenta ejecutiva de Colfecar, este Proyecto de Ley puede ser la oportunidad para resolver las problemáticas que a la fecha aquejan al sector transportador, como: la existencia de tres peajes en tramos inferiores a 100 kilómetros; la instalación de nuevas casetas de peaje cuando las obras ni siquiera han iniciado o terminado, y el cobro de tarifas plenas por vías que se encuentran en mal estado. 

“La calidad de la infraestructura vial no se compadece con el costo asumido por el transportador, puesto que en estos casos resultamos asumiendo un doble costo por concepto del peaje y por el mayor consumo de llantas, repuestos, desgaste del vehículo, combustible, entre otros”, afirmó Hernández Jiménez. 

Para el gremio, es imperiosa la necesidad de avanzar en la instalación del sistema de peajes electrónicos en el país, puesto que el uso de efectivo incrementa el riesgo de atraco a los conductores y genera grandes cuellos de botella en las vías lo cual afecta la productividad y la competitividad. 

“Es importante lograr un sistema único de pago y garantizar la interoperabilidad entre las 166 estaciones de peaje sin importar la entidad a cargo la concesión”, resaltó Hernández Jiménez. 

Problemática actual 

El sector de transporte de carga representa el 4 % del PIB nacional y genera 1,4 millones de empleos directos e indirectos. 

Los peajes representan el 12 % del total de los costos operativos del sector, recordó Hernández Jiménez, por lo cual considera que este proyecto es estratégico, al igual que para el sector transporte terrestre y almacenamiento. En el país hay 166 estaciones a cargo del Invías, la ANI, departamentos y municipios. 

Para el gremio, es necesaria una política pública con visión nacional en esta materia, que permita articular a todos los actores que tienen la potestad para firmar concesiones (ANI, Invías, gobernaciones y alcaldías), y que brinde seguridad jurídica y económica a los transportadores del país, al ser los mayores contribuyentes, porque históricamente ha sido el mecanismo más común al que acude el Estado para financiar los proyectos de infraestructura. 

Por otra parte, recordó los incrementos anuales de algunos peajes iniciando este año que estuvieron muy por encima de la inflación (7,8 % - 100 %) cuando esta fue del 1,61 % para el 2020. Toda esta situación generó que se presentaran protestas a principios de este año en distintas zonas del país: Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Antioquia, Meta, Atlántico y Bolívar. 

Otras propuestas del gremio es centralizar las actividades referentes a la planeación y ejecución de la política de peajes en la UPIT, que el uso de la vía durante la jornada nocturna también sea un criterio para la fijación de las tarifas diferenciales. 

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