Después de siete años finalmente se resolvió el caso de Severo García Aponte, campesino que fue asesinado en el 2004 por uniformados del Ejército mientras trabajaba en su finca en Roncesvalles, y quien fue presentado ante la opinión pública como guerrillero muerto en combate.

Ante estos hechos, el Tribunal Administrativo del Tolima decidió revocar la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, en la que se absolvía de toda responsabilidad al Ejército Nacional.

Contrario a esta decisión, el Tribunal declaró responsable al Ejército por su uso excesivo de la fuerza en la muerte de García Aponte.

Además condenó a la Nación, al Ministerio de Defensa Nacional y a la misma institución antes mencionada a indemnizar a los familiares más cercanos del hoy occiso.    Por ello deberán pagar veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de ellos.

¿Qué ocurrió con García Aponte?
El 19 de marzo de 2004 Severo García Aponte fue capturado en la vereda La Laguna por integrantes del Ejército sin que existiera una orden de  captura en su contra. Al hombre lo sindicaban del delito de rebelión.

Según el fallo, a García Aponte le iniciaron una investigación con base en un informe militar hecho por el Sargento Primero Néstor  Rosero.

Luego de iniciado el proceso, García fue recluido en la cárcel de Picaleña desde el 19 de marzo hasta el 28 de julio de 2004 sin que se le encontraran pruebas en su contra.

En el mes de julio quedó libre y fue cuando decidió regresar a su finca La Pradera en la vereda La Laguna, para continuar con sus trabajos en el campo. Sin embargo, para el 5 de septiembre de ese mismo año fue sorprendido por miembros del Ejército en sus propios predios.

Cerca de las 10:00 de la mañana de ese día, uniformados pertenecientes a la patrulla del batallón de contraguerrilla número 69 de la Brigada móvil No. Ocho, al mando del comandante Donal Castillo Rodríguez, ingresaron a la finca   donde se encontraba García Aponte y sin mediar palabra, dispararon contra él.

Falso positivo
Algunas personas, testigos de los hechos, informaron a los familiares que los integrantes del Ejército intentaron uniformarlo pero “el clamor de la comunidad impidió que esto sucediera. Su cuerpo fue entregado cuatro días después a sus parientes”.
Los integrantes de esa patrulla presentaron ante las autoridades y la opinión pública el cuerpo de Severo García Aponte “como un guerrillero muerto en combate”.

De acuerdo con los apartes del fallo, el juzgado 81 de Instrucción militar con sede en Chaparral  se abstuvo de abrir investigación formal aludiendo que la muerte del campesino se dio en combate cuando este atacó a la patrulla militar, que respondió “en cumplimiento de un deber legal”.  Según las autoridades militares a Severo se le incautó una pistola 9 mm que fue puesta a disposición del Estado.

Contrario a lo expuesto por el juez, la sala tribunal expuso que “si el señor Severo García Aponte les hubiera disparado en más de una ocasión, la situación de superioridad del Ejército (14 personas integrantes de una escuadra, dotadas de armas de largo alcance y alto poder), en cuanto a número de participantes, la clase de armas que portaban y el entrenamiento permanente en el manejo de las mismas y en situaciones de conflicto, les hubiera permitido razonablemente haber actuado de otra manera.

“Incluso haciendo uso de las armas habían podido lograr inmovilizar al presunto agresor, disparando en una zona que no tuviera un alto riesgo de mortalidad como en la que fueron dirigidos los disparos”.