La amenaza de una toma a la cárcel de Picaleña se ventiló ayer durante las sesiones extraordinarias del Concejo de Ibagué.

La misma directora del complejo carcelario, Imelda López, señaló que estas advertencias han sido constantes y que no se deben obviar los antiguos ataques de los que han sido víctimas.

Según conoció EL NUEVO DÍA, las amenazas estarían relacionadas con internos de alto perfil que se encuentran recluidos en Picaleña, como comandantes de Bacrim, comandantes de la guerrilla de las Farc y explosivistas capturados en Ibagué y otros municipios como Planadas y Chaparral.

Al parecer, la toma sería para lograr la fuga de este tipo de presos.

Aunque López añadió que “este tema de inseguridad ya lo hemos coordinado con las autoridades y estamos atentos ante cualquier situación que se presente”, el dragoneante Jhon Durán, miembro del sindicato del Inpec, señaló que el número de guardias de seguridad está disminuyendo mientras que la población carcelaria está en  aumento.

Advirtió que los grupos que presentan intentos de fuga son los guerrilleros “ya no saltando muros” sino por la fuerza.

Con cifras
El mismo Durán, en diálogo con EL NUEVO DÍA puntualizó que 400 funcionarios, de ellos sólo 365 dragoneantes, custodian cinco mil 27 internos.

“Haciendo una revisión total de la planta, deberían ser 825 trabajadores, es decir que estamos con un déficit de casi el 60 por ciento”, aseveró.

En el primer semestre se han trasladado entre 20 y 25 guardias sin que aún lleguen los reemplazos y se espera el traslado de al menos otros 10, luego de que terminen los cursos de ascenso.

El miembro del sindicato contó que “en cuestión de funcionarios ganamos una tutela en la que se obligaba  a aumentar el pie de fuerza,  pero nos encontramos con que han trasladado compañeros sin el reemplazo, en este momento tenemos interpuesto un desacato”.

En cuanto a la nueva instalación de la cárcel que fue habilitada hace unos meses, Durán recalcó que para la seguridad de esta eran necesarios aproximadamente 150 guardias de los cuales sólo 30 están de turno.

“Hay una diferencia de 120 compañeros y esto vulnera la seguridad (…) nos vemos afectados como funcionarios y ciudadanos”, expresó.

Por último, al complejo carcelario de Picaleña están ingresando cada mes entre 80 y 100 internos sindicados, es decir, “los detenidos en el departamento y en la ciudad más los que están trayendo de otros centros”, concluyó el dragoneante.
    
Ibagué, recepcionista de presos del país
El personero de Ibagué, Isaac Vargas fue claro al señalar: “Hago el llamado para que no se reciban más internos porque no hay cama para tanta gente”, esta fue una de las opiniones en cuanto al tema de hacinamiento que presenta la cárcel Picaleña.

Por su parte, el concejal Pedro Mora, dijo a EL NUEVO DÍA que “Ibagué no aguanta más, Ibagué tiene muchos problemas de seguridad y muchos problemas sociales como para que la Ministra de Justicia siga pensando que esta es una ciudad receptora de sindicados”.

Manifestó que no se trata de “venir y amontonarlos”, hasta a los presos se les debe respetar el derecho a vivir dignamente, al menos en la cárcel, en esto también coincidió el secretario de Gobierno Departamental, Disraelí Labrador, quien opinó que “el hacinamiento es un tema no solo del Tolima, es un tema de orden nacional; en este momento no podemos hacer nada distinto que exigirle al Gobierno y al Ministerio de Justicia que no nos sigan trayendo más reos al departamento”.

¿Está entonces la dirección nacional del Inpec arreglando el problema de hacinamiento de las cárceles del país con el traslado de presos a la cárcel Picaleña de Ibagué?

SIN AGUA
La emergencia sanitaria, la alimentación y el cobro de dineros dentro de la cárcel fueron otros de los problemas tratados en las sesiones extraordinarias del concejo.

En cuanto al problema del agua, según el Personero de Ibagué, el Gerente del Ibal le habría informado que ese tema ya estaba solucionado. Contrario a ello, ayer la Directora anunció que la emergencia sanitaria continuaba.

“En los bloques nuevos no tenemos agua y eso impide que los internos tengan unas condicioens dignas de habitabilidad, hay unos sanitarios en donde se ha llegado a rebotar la materia fecal y pues lógicamente las condiciones de salud y todo aquello de la convivencia se ve afectado (...) el que entreguemos los alimentos tarde, tenemos unos horarios de comida que no se pueden cumplir, no por el contratista sino también por la falta de agua”, reseñó López.

Entre tanto, Ángela Hernández representante de la fundación de madres cabeza de familia del Tolima, reveló que las internas estaban siendo víctimas de maltrato y que a los internos del patio 10 se les estaba cobrando una cuota de sostenimiento de cinco mil hasta 50 mil pesos para que vivieran en la celda.

“Esta denuncia se hizo en la Defensoría del Pueblo pero me llegó el día viernes (...) ya informé a la unidad de Policía judicial para establecer e identificar a las personas que están haciendo estos cobros y por supuesto tomar medidas”, aseveró la Directora del complejo.

“Yo no puedo permitir que los internos hagan objeto de amenazas a sus mismos compañeros. Todos tienen que ser iguales y no voy a permitir el caciquismo (...) no voy a ser cómplice de eso”, concluyó Imelda López.

INTENTO DE FUGA FRUSTRADO
El pasado lunes, las autoridades lograron evitar que presos pertenecientes al Frente 21 de las Farc se fugaran del complejo carcelario y penitenciario Picaleña Coiba.

Al parecer, uno de los reclusos involucrados en este intento es el jefe de cuadrilla del grupo guerrillero, conocido como alias “El Venado”.