Ni siquiera los presos del Complejo carcelario y penitenciario de Ibagué (Coiba) estarían a salvo de los delincuentes en la ‘Ciudad Musical’. 

Dos familias denunciaron ayer ante la Defensoría del Pueblo que un hombre, quien se identifica como funcionario del citado Ministerio Público, y que se haría llamar Juan Carlos Arbeláez, se aprovechó de su ingenuidad cobrando sumas de dinero como pago de la caución para que los presos queden en libertad.  

Según se pudo establecer, el delincuente aborda a las familias de los presos dirigiéndose hasta sus hogares, afirmando que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, que adelanta su proceso en particular, otorgó la libertad y que sólo hace falta que sus familias paguen la caución, una parte en efectivo y otra en consignación, a nombre del Juzgado Octavo de Ejecución de Penas; cabe aclarar que en Ibagué sólo hay cinco de estos juzgados.  

Las víctimas quienes ayer denunciaban el caso ante las autoridades, resaltaron que se trata de un hombre delgado, de baja estatura y bien vestido; además maneja una jerga creíble y quien en pocos minutos logra timar a las personas.  

En uno de los casos la compañera sentimental de uno de los internos de la cárcel señaló que debió pagar en efectivo 56 mil pesos y consignó 100 mil pesos más en el Banco Agrario, lugar donde al intentar hacer la transacción evidenció que había sido engañada, puesto que la cuenta de ahorros no existía.  

Otra mujer, madre de un preso condenado por homicidio, a quien le pidió 80 mil pesos en efectivo, aseguró que se dio cuenta que había sido engañada luego de que averiguó que su hijo no quedaba libre.  

“La señora madre cuenta que su hijo regaló todas sus pertenencias en la cárcel porque iba a quedar libre, todos estaban felices, pero en el proceso estaba pendiente aún por resolver una apelación en el juzgado fallador”, sostuvieron testigos del caso. 

Caso se presentó hace dos años

Sobre la manera sistemática como vienen siendo estafados los familiares de los presos de la Cárcel Picaleña (Coiba), el Defensor del Pueblo del Tolima, Santiago Ramírez, expresó que el caso ya se había registrado hace dos años, cuando a su despacho llegaron familias para denunciar lo mismo.

En este mismo momento estoy recibiendo la denuncia y tengo que decir que presumo que se trata de la misma persona que cometió la misma estafa a otras familias hace dos años. 

“Lo que no entiendo es cómo puede tener los datos de los presos. Ya vamos a compulsar copias a la Fiscalía para que investigue”, sostuvo Ramírez.

Según el funcionario público, ningún abogado de la Defensoría del Pueblo tiene porque recibirle plata a nadie. En su entrevista a EL NUEVO DÍA, Ramírez dijo que esta persona que está siendo denunciada es ajena a la entidad pública que representa.