Luego de los últimos accidentes registrados en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Coiba Picaleña, donde han fallecido algunos reclusos tras caer de alturas considerables, el defensor del Pueblo, Miguel Ángel Aguiar Delgadillo interpuso una acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La acción Judicial fue interpuesta por el director de la Regional Tolima ante el Juzgado Tercero de Familia de Ibagué, para exigir al Inpec, que instale unas barandas en el bloque Primero del patio Tercero, donde han muerto cuatro internos y han resultado heridos otros. Según la Defensoría, en lo corrido de 2014 han caído cuatro.

El mecanismo con fecha del 11 de abril, día en que murió el último preso, señala en los hechos que: “Existe un alto grado de hacinamiento en el centro carcelario Coiba Picaleña, tanto que; en el bloque 01 existen 11 pabellones de los cuales están en funcionamiento ocho, y este bloque tiene capacidad de internos de mil 567 y en la actualidad hay tres mil 15 internos aproximadamente con un porcentaje del 92 por ciento, lo que hace que los internos duerman en los pasillos de los pabellones demostrando un riesgo latente de accidentalidad, por no tener barreras de protección.

“Este año han muerto dos reclusos al caer desde el denominado ‘trampolín’ del bloque Uno del patio Tres del centro de reclusión. La última víctima mortal se registró en la madrugada del viernes.

“Luego de varias solicitudes presentadas a las directivas de la cárcel de Ibagué para que se instalara una barrera de protección en el cuarto piso del bloque y patio mencionados, con el fin de evitar que se presentaran más accidentes que ocasionaran víctimas mortales, la Regional Tolima interpuso la acción de tutela”, según un comunicado.

La misiva también señala que durante las visitas al centro de reclusión, los funcionarios de la Defensoría recibieron reportes de los mismos internos, en los cuales advierten de varios accidentes desde el denominado ‘trampolín’, los cuales ya son investigados por el Inpec y la Fiscalía.

Exigencias

La acción popular reza que con base en las exposiciones que efectúan solicitan al Juez Constitucional, se ordene en contra de las entidades accionadas, hacer las gestiones administrativas necesarias de adecuación e infraestructura al interior del reclusorio.

“A fin de que las instalaciones cumplan con los estándares para ser habitada por la población que se encuentra detenida (…) ordenando implementar medidas preventivas necesarias para proteger los balcones en los diferentes niveles que son usados por los internos como sitios de descanso nocturno, habida cuenta de la sobrepoblación carcelaria, mientras se resuelve de fondo las condiciones de hacinamiento que existen”.

Antecedentes de caídas

Defensoría del Pueblo.