El defensor del Pueblo nacional, Alfonso Cajiao Cabrera, estuvo de visita en el Tolima e hizo varios anuncios y uno de ellos fue sobre Lérida, donde a principio de este año hubo una serie de homicidios.

La Defensoría hace una alerta temprana para Lérida por posibles movimientos de grupos posdesmovilizados, en el sentido que ha visto homicidios selectivos, además, la aparición de panfletos amenazantes contra algunas personas y eso: “es una vulneración a los derechos humanos por lo que debe ser objeto de atención, porque se nos informa que muchas de estas personas están vinculadas con labores de distribución de droga y consumo”.

Para Cajiao llama la atención que las muertes fueron selectivas, porque se trata de personas que “no son del buen recibo de la comunidad y nos preocupa que se dé un escalamiento a prácticas de ‘limpieza social’”.

El pasado 13 de abril, la Defensoría hizo una alerta de que en 22 departamentos hay presencia del ‘Clan Úsuga’ y aunque el Tolima no es referenciado, hay prácticas comunes con grupos que en el pasado desarrollaron estas actividades, por eso, para Cajiao “suprimir una vida debe ser condenado”, sin importar que eso se haga bajo el nombre destructor de clanes o Autodefensas Gaitanistas, “eso es irrelevante para nosotros”.

Por eso, “vemos con preocupación el accionar de grupos armados ilegales y no queremos que esto tenga un escalamiento, ya que vemos que en el norte del Tolima sí se ha dado un incremento leve y no queremos que esto se convierta en un asunto endémico, porque el Tolima ha sufrido particularmente en el pasado una violencia histórica muy importante”, aseguró.

El informe

En el reporte entregado por la Defensoría del Pueblo se dice que los hechos de Lérida se asimilan a un patrón identificado por la Fiscalía en las sentencias condenatorias de Justicia y Paz contra el Frente Omar Isaza y el Bloque Tolima que emplearon las amenazas a través de panfletos y los homicidios selectivos como estrategia de control territorial.

Además, toca el tema de ‘gota a gota’ y frente a ello se dice que la economía ilegal del préstamo a interés de usura junto a la extorsión se ha constituido en la principal fuente de financiación de las estructuras armadas ilegales y es una práctica que se ve en Lérida donde llegan personas de La Dorada (Caldas), Mariquita, Ibagué, Espinal, Flandes y Girardot (Cundinamarca), sin desconocer que existen pequeños préstamos locales en el pueblo que podrían entrar en confrontación por el control de esa economía ilegal, que ya dejó una víctima mortal el pasado 16 de febrero.