Todas tienen un proceso judicial por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir porque presuntamente eran integrantes de la banda del ‘Patio 6’, que opera desde la cárcel.

Ellas serían responsables de cobrar el dinero producto de las extorsiones que mediante llamadas telefónicas hacían integrantes de la banda desde la penitenciaria de Picaleña, haciéndoles creer a sus víctimas que eran miembros de la Policía y que tienen un familiar capturado logrando así una exigencia económica con el fin de no realizar ningún procedimiento en su contra.

Ellas operaban en Bogotá donde fueron los investigadores por ellas.