El Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, Seup, establece la denuncia pública en la que precisa que se han llevado a cabo varias reuniones invitando a la Administración municipal a establecer los convenios necesarios.

Hace un año aproximadamente, como lo indica el dragoneante Leonardo Jaramillo, vocero oficial del Sindicato, se cumplió la primera reunión con los alcaldes de cada uno de los municipios de Tolima, algunos ya han suscrito los convenios.

“Por ley, le corresponde al municipio toda la manutención de los sindicados, alimentación, traslados y remisiones, y uno entiende que el Municipio no disponga de toda la logística, entonces surge la necesidad de crear convenios.

“De las reuniones que se han programado a ninguna ha asistido el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, siempre se hace presente el Secretario de Gobierno.

“Lo que se presenta es falta de voluntad, un desentendimiento total del cumplimiento de la norma frente a la responsabilidad que tiene con los sindicados”, indicó el dragoneante.

Diagnóstico

Según las cifras presentadas por el Sindicato, un sindicado cuesta 40 mil pesos diarios, un millón 200 mil pesos al mes, al año suma más de 14 millones, y en la cárcel de Picaleña hasta ayer había 605 sindicados, es decir más de nueve mil millones de pesos al año.

“Es increíble que municipios que apenas y tienen unos cuantos sindicados en Picaleña ya hayan suscrito convenios, mientras que Ibagué, que aporta casi el 70%, no se apersone de la situación.

“Hay otros 10 establecimientos carcelarios en el Departamento, y tenemos casos en que los municipios aportan a los dos establecimientos en los que tengan sindicados”, indicó.

El día 23 de noviembre, en una carta enviada por el Secretario de Gobierno de Ibagué, se invita a los funcionarios del Inpec a que se hagan partícipes de una reunión en la que se pretendía establecer el convenio, por 60 millones de pesos, una cifra irrisoria frente a los nueve mil millones que se requieren.

“El Inpec ha sido laxo, flexible, pero llega un momento en que la situación se sale de las manos. El cupo de Picaleña es para cuatro mil 600 presos y tenemos cinco mil 300, algo que ya no da espera”, cerró.

La Alcaldía responde

El secretario de Gobierno, Camilo González, en diálogo con EL NUEVO DÍA, señaló que la Administración ha estado atenta a los requerimientos que la legislación nacional ordena sobre la participación de los entes territoriales en la manutención de los detenidos.

Indicó que la Administración tiene todo el interés en aportar los recursos que se pueda dentro del esquema general presupuestal para avanzar en los convenios con el Inpec.

Y añadió que en los primeros días de enero se efectuará una reunión en la que se establecerá de acuerdo con los renglones de inversión, en qué se va a invertir, si en salud, en apoyo logístico, o en lo más urgente que requiera el centro penitenciario.

Dato

Suarez tiene un solo sindicado en la cárcel de Picaleña, y ya suscribió un contrato con el Inpec por valor de cinco millones.