El abogado de Carlos Andrés Cárdenas descubrió el ‘chanchullo’ que fraguó un grupo de personas con documentos falsos ante la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué, para apoderarse de un carro de su cliente.

Todo inició el 18 de diciembre de 2010, cuando Cárdenas le compró un Mazda 3 de placa IBX-603 a Cecilia Castro de Herrera. El traspaso del automóvil quedó abierto con todos los documentos autenticados ante la Notaría Séptima.

Los años pasaron y Cárdenas, ante una dificultad financiera, decidió vender el auto a Jhon Jairo Echeverri, quien quedó con una deuda a favor de Cárdenas por nueve millones de pesos.

Ambos acordaron que el traspaso del Mazda se haría hasta que Echeverri cancelara el dinero.

Sin embargo, Echeverri vendió el automotor a José Preciado Rodríguez, quien lo tiene en San Luis, Tolima.

Cárdenas se enteró del negocio y contrató a un abogado, según dijo, “porque el hombre (Echeverri) no me canceló el dinero a pesar de las múltiples llamadas que le hice”.

Es así que el abogado de Cárdenas fue a la oficina de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad, en el sector Mirolindo, e inició el proceso para tener la tarjeta de propiedad, pero pagaron una multa de 810 mil pesos.

El 13 de agosto radicaron los documentos en la Secretaría y 10 días después el abogado regresó a reclamar el documento, a lo que el funcionario le respondió que no le podía entregar la tarjeta porque ya la habían dado a otro.

Descubrimiento

Sorprendido porque el único que tenía todo legal era su cliente, requirió la carpeta que reposa en el lugar con todos los documentos y descubrió el fraude.

El contrato de venta era falso y la fotocopia de la cédula de Cecilia Castro de Herrera también. La persona encargada del proceso no habría notado que el documento de identidad de Castro no correspondía al verdadero, aunque rezaba Cecilia Castro de Herrera y el número era 28.519.139, pero la foto y otros datos no eran los mismos.

Además, otro detalle que desconocían fue el fallecimiento de la verdadera Cecilia Castro de Herrera.

Con los anteriores elementos, los abogados Torres Martínez iniciaron las acciones ante las autoridades competentes.

No obstante, EL NUEVO DÍA consultó a Hernán Silva, secretario de Tránsito de Ibagué, quien informó: “Al inicio se presentó al parecer un caso de falsedad en documento público y fraude procesal que fue evidenciado a través de una queja de un apoderado de una persona y al verificar la situación procedimos a radicar el respectivo denuncio con las pruebas”, indicó.

Además, revocaron el trámite, es decir que la tarjeta de propiedad que habían entregado no era válida.

Con respecto al funcionario que no detectó la estafa, deberá responder ante la Fiscalía, al igual que el tramitador.