En un comunicado de prensa, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, reaccionó ante la denuncia interpuesta por Raúl Cruz, quien hizo señalamientos de presuntos favorecimientos políticos y corrupción en la CAR.

Cruz aseguró que su mina Peñas Blancas, en Carmen de Apicalá, fue cerrada de manera arbitraria. La CAR aseguró que ejecutó las actividades de control y seguimiento al proyecto minero del asunto y que en consecuencia de tales funciones en diciembre de 2016, “se dispuso medida preventiva de suspensión de actividades mediante la resolución número 4369 de 2016, por evidenciar incumplimiento de obligaciones y requerimientos ambientales”.

Por lo anterior, la entidad sustentó que el trámite del expediente se adelantó dentro de los términos regulados por la Constitución Política y la normatividad ambiental: “Sin que se hayan conculcado derechos fundamentales del titular de la mencionada licencia”.

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Rodrigo Hernández Lozano, subdirector de Calidad Ambiental de la CAR, y vinculó a los ingenieros Andrés Gustavo Barrios Castillo y Gustavo Adolfo Arango. Igualmente, el ente disciplinario indaga al diputado Alejandro Martínez, por su presunta extralimitación de funciones y tráfico de influencias en Cortolima.

Respuesta oficial

Ante las presuntas presiones de dicha autoridad ambiental, esta dijo que “no admite, ni adelanta ningún mecanismo de presión oficial o extraoficial para emitir las decisiones que legalmente le corresponden en el marco de su ejercicio de seguimiento y control sobre sus usuarios, peticionarios o licenciatarios”.

Cruz sostuvo que no recibió respuesta de algunas solicitudes enviadas al director de la CAR, Jorge Enrique Cardoso, pero la entidad ambiental respondió que todos los requerimientos “fueron atendidos en forma eficaz y eficiente, dentro de los términos legales, sin evidenciar sesgos que permitan inferir elementos de ‘tráfico de influencias o favorecimientos políticos’”.

Así mismo, el quejoso denunció penalmente a la funcionaria Leidy Tafur, por falsedad ideológica en documento público, por ser quien elaboró y proyectó la resolución número 4369, en la que le notificaron el cierre a Cruz.

Además, recusó a Jorge Enrique Cardoso ante la Procuraduría para que no interviniera en su proceso. Cortolima aseguró que “acatará y respetará los pronunciamientos que la Procuraduría General o el Ministerio de Ambiente de Desarrollo Sostenible, según sea el caso, emitan como consecuencia de la interposición de una solicitud de impedimento del director de Cortolima y sus funcionarios”.

Finalmente, la CAR indicó que sobre los episodios o actuaciones de carácter privado emprendidas por el diputado Alejandro Martínez Sánchez y Raúl Ernesto Cruz Moya, “la Corporación no entregará pronunciamiento alguno, en tanto tales situaciones no son del resorte de esta Autoridad Ambiental”.