De igual manera, ordenó a la Secretaría de Salud departamental la inspección para la habilitación de Fundasalud. Por último, compulsó copias para que la Superintendencia de Salud o a quien corresponda, intervenga a Fundasalud Vida y Salud (Fundasalud IPS).

La decisión del togado fue apelada por la defensa de la entidad, cuyos socios hicieron presencia en la audiencia.

La solicitud

La misma la efectuó la Fiscal 27 de Bogotá que lleva la investigación por la compra y distribución de medicamentos de alto costo de dudosa procedencia a pacientes con enfermedades como hemofilia, cáncer y VIH/Sida.

Las medicinas tenían contratos desde hace cuatro años, por ejemplo, con el hospital Federico Lleras Acosta. Refirió la Fiscal, que el valor de estos medicamentos era pagado por las EPS con dineros públicos.

Las medicinas, que supuestamente pertenecían a laboratorios reconocidos, no eran adquiridos directamente con ellos, sino a través de terceros, que los adquirían en la frontera Venezolana y ecuatoriana. De allí los transportaban sin los cuidados adecuados por medio de empresas de envíos.

Enfatizó la delegada del ente acusador, que durante el allanamiento a Fundasalud encontraron en el quinto piso de la IPS, en un área no adecuada y que no correspondía al cuarto de cuarentena, varios fármacos vencidos.

Además, según otro operativo hecho a esta misma IPS en 2017, donde se filtró información, encontraron medicamentos de contrabando en el primer piso. Por último, indicó la Fiscal que Marco Antonio Ramírez Varón, capturado en este proceso, era el propietario de la firma y no era un empleado más, y que el representante legal de la empresa no debía dejar hacer lo que quisiera el dueño.