El extogado, conocido como ‘Chucho’ Herrera, fue hallado responsable de otorgar vía tutela de manera irregular, 13 pensiones a docentes afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal.

En la primera decisión el Tribunal de Ibagué lo había condenado a tres años y dos meses de prisión en un establecimiento carcelario por el delito de prevaricaro por acción. No obstante, en la segunda instancia, ante la cual no procede ningún recurso legal y con ponencia del magistrado José Francisco Acuña Vizcaya, en el marco de la ley 600, su tiempo de condena fue modificado.

Así las cosas, al exjuez le incrementó su tiempo de condena, que pasó a cinco años, un mes y tres días. Pero la alta Corte le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, lo anterior bajo los argumentos de que el extogado no tiene antecedentes penales y hace varios años está desvinculado de la rama judicial, lo que descarta una continuación de la actividad delictiva, al menos dentro de la rama. Además, siempre ha registrado la misma dirección de residencia y acudió a todas las citaciones dentro del proceso.

Para acceder a la prisión domiciliaria, a Herrera Cortés le fijaron la caución prendaria en tres salarios mínimos legales vigentes.

Por último, aclaró la Corte que hay una copia de la resolución N° 62988 del 21 de diciembre de 2006, en la cual Cajanal reconoció y ordenó el pago de la pensión gracia al accionante Eduardo Antonio Ocampo Giraldo, único en los 13 casos, y cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero de Familia, sin embargo, se desconoce si las mesadas pensionales fueron sufragadas al beneficiario. Por lo anterior, no se condenó al exjuez por perjuicios.

La investigación inició el 11 de marzo de 2013, cuando la Fiscalía Primera Delegada Ante el Tribunal Superior de Ibagué, admitió la demanda de Cajanal. Por las pensiones vitalicias a docentes denominadas ‘gracia’, que tuvieron vigencia hasta cuando entró a regir la Ley 91 de 1989, en la cual debía verificarse el último día laborado y la edad, y no debían ser otorgadas después del 29 de diciembre de 1989.

Las tutelas

Los beneficiados fueron Jorge Arbey Henao Valencia, que trabajó hasta el 2 de abril de 1998 y cuando entró a regir la ley, contaba con 52 años.

Hernando García Vasco, trabajó hasta el 30 de abril de 1996 y tenía 59 años cuando entró en vigencia la ley.

Alonso Henao Sepúlveda, trabajó hasta el 19 de noviembre de 2001 y tenía 46 años en el momento en que entró en vigor la ley.

Eduardo Antonio Ocampo Giraldo, trabajó hasta el 30 de octubre de 1988, tenía 42 años en 1989.

Pedro León Córdoba Vargas, trabajó hasta el 31 de diciembre de 2003 y tenía 37 años, cuando fue emitida la ley.

Luis Édgar España Gómez, no dice la fecha hasta la cual laboró, pero tenía 41 años cuando entró en vigor la ley.

José Guillermo Nieto Pava, trabajó hasta el 14 de marzo de 2000 y tenía 39 años en diciembre de 1989.

De Guillermo Quintero Sánchez, no dice la fecha hasta la que laboró y contaba con 37 años cuando entró en vigor la ley.

Julio César Marín Escudero, no dice la fecha hasta la cual trabajó y tenía 46 años en 1989.

Consuelo Vargas Cataño, trabajó hasta el 25 de febrero de 2005 y contaba con 38 años en diciembre de 1989.

Jaime Alberto Echeverry Berneo, trabajó hasta el 7 de febrero de 2002, tenía 37 años cuando entró a regir la ley.

Margarita Shirley Cruz Garzón, trabajó hasta el 26 de agosto de 1996 y tenía 43 años cuando entró en vigencia la ley.

Finalmente, Guillermo Mejía Pérez, no dice la fecha hasta la que laboró y contaba con 43 años en diciembre de 1989.

Estos fallos fueron contrarios a la ley, pues no los hacía merecedores por el silencio de Cajanal al oponerse a las pretensiones. Es de recordar, que dentro de su defensa, Herrera Cortés señaló que no tenía cono cimiento en materia laboral, sino en derecho de familia.

‘Chuchito’ ‘bendecido’ de una pensión

En 2012, el diario El Tiempo y la Revista Semana en sus artículos hablaron sobre Jesús Herrera Cortés, amigo del exmagistrado oriundo de Purificación, el investigado Henry Villarraga, quien lo nombró como asistente de su despacho en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. A ‘Chuchito’ Herrera le bastó, durante 2010, permanecer dos meses y 19 días como magistrado auxiliar para incrementar su pensión de cinco millones de pesos, sueldo como Juez de Familia, a 12 millones 875 mil pesos, la cual fue rebajada.