Los hechos se registraron entre mayo y septiembre de 2014, cuando el hoy procesado fungía como mandatario local y, en virtud de ello, ejecutó varios contratos que según los peritos del CTI adscritos a la Unidad de Administración Pública se habrían realizado de manera irregular, incurriendo así en las citadas conductas por lo menos 16 veces.

Se trata de los contratos de prestación de servicios 090, 109, 132 y 160, en los cuales usó al parecer documentos públicos dirigidos a una persona que al ser consultada aseguró que jamás los suscribió y por ende, tampoco los ejecutó.

Torres Ramos se encuentra privado de la libertad desde su captura por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, en agosto de 2018.