Pérez Rivera está siendo judicializado por presuntas irregularidades detectadas en un contrato para mitigar la emergencia sanitaria del Covid-19 que actualmente atraviesa el país.

La misma decisión se extendió a su secretaria de planeación, Viviana Paola Granada Reyes, y al contratista Luis Albeiro Medina Quintana.

Los cargos imputados este jueves, 1 de octubre, fueron: contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso con peculado por apropiación. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

El contrato

Se trata del contrato 032 de 2020 celebrado el 1 de abril pasado, entre la Alcaldía Municipal y la Fundación Crecer Tolima, y cuya cuantía fue de 85 millones de pesos con un plazo de ejecución de un mes.

El objeto del contrato era la compra de insumos para mitigar el riesgo de contagio de la pandemia (Covid– 19) en la localidad tolimense, configurándose como consecuencia una presunta apropiación indebida de los recursos por valor por más de 54 millones de pesos ($54.685.799) por parte del contratista; esto debido a que los investigadores del CTI encontraron sobrecostos en insumos como gel antibacterial y tapa bocas de larga duración, entre otros.

Sumado a ello, los productos adquiridos por la Administración Municipal de Cunday no cumplían con los registros sanitarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) por lo que la entidad los declaró fraudulentos.