Con las primeras audiencias de descargos efectuadas el viermes y martes anterior, y la que se tiene prevista realizar hoy, la Contraloría de Ibagué ha estrenado los procesos verbales de responsabilidad fiscal, en desarrollo de las herramientas que introdujo el Estatuto Anticorrupción.

Estos procesos ascienden a la suma de 15 millones de pesos y tienen que ver con irregularidades encontradas en algunas instituciones educativas y una Secretaría del orden municipal, según lo informó el contralor municipal, Edwin Riaño, al entregar un primer balance de gestión.

"Somos la primera Contraloría territorial en iniciar ya procesos de responsabilidad verbal, esta es una herramienta que facilitará recuperar con mayor celeridad recursos de presuntos detrimentos patrimoniales, vamoS a lograr que un proceso fiscal que puede durar hasta cinco años, lo podamos agotar en un trámite inferior a seis meses", explicó el funcionario.

En su informe de gestión de estos primeros meses en la Contraloría de Ibagué, Riaño destacó como logros el rezarcimiento de 13 millones 480 mil pesos, frente  entidades como la Institución Educativa San Simón, la Gestora Urbana, Hospital San Francisco, Normal Superior y el Municipio de Ibagué.

"Hemos logrado que estas personas que ocuparon sus cargos, bien sea como rector o gerentes, hayan rezarcido el detrimento que pudieran haber causado a esas entidades y que esos dineros se devuelvan a esas instituciones", precisó el fiscalizador municipal.

Así mismo, se han proferido fallos con responsabilidad por seis millones 124 mil pesos en las instituciones educativas San Francisco y Tulio Varón por faltante de tasa bomberil, pago de carnet y vallas publicitarias; e incumplimiento en la austeridad del gasto, respectivamente.

"A esos rectores no les queda de otra, o devolver el dinero afectado a esas entidades, contrario censu iniciaremos a confirmar esos fallos y proferir copia al boletín de responsables fiscales de la Contraloría General y copia a la Procuraduría General para que inicie la investigación disciplinaria respectiva", explicó el Contralor.

De igual manera se han proferido diversos autos de imputación que ascienden a la cifra de 32 millones 900 mil pesos y se está a la espera que se agote la etapa del traslado; si los argumentos que ellos expongan no tienen a bien dilucidar los hechos y cargos imputados por el órgano de control, se proferirá fallo de responsabilidad.

Riaño recalcó que en el ejercicio de control social se han logrado adelantar mesas deliberatorias, talleres de control social a la gestión pública y recorrido las 13 comunas de la ciudad, invitando a la comunidad a que denuncie las irregularidades encontradas en las obras que ha realizado la administración.

"Estamos solicitando que los distintos secretarios acudan a la invitación que ha hecho la Contraloría, den la cara a la comunidad  y atiendan sus requerimientos. En caso de que estos funcionarios no atiendan el llamado y no solucionen las irregularidades presentadas, tendremos que tomar las medidas pertinentes de carácter fiscal", señaló.

El Contralor Municipal indicó que ha integrado grupos auditores en todas las dependencias descentralizadas y ya se están realizando auditorías financieras sobre la vigencia anterior en el Ibal, Infibagué, USI, Indri, Hospital San Francisco y la administración.

"Esperamos los resultados que nos permitan determinar el buen manejo de los recursos públicos, en caso contrario se iniciarán las acciones fiscales correspondientes", puntualizó el jefe del ente de control.

Finalmente, el contralor Edwin Riaño manifestó que en relación con la actual alcaldía, ya se han tomado denuncias a través de la Oficina de Control Fiscal, sobre algunas situaciones de carácter particular.

Dato:
52  millones 516 mil pesos es la cuantía de los procesos de responsabilidad fiscal sobre los que ha actuado el contralor Edwin Riaño en sus primeros meses de gestión.