El contralor municipal de Ibagué, Edwin Riaño, se refirió a la polémica que ha suscitado la ocupación del espacio público en la plaza Murillo Toro y que hace referencia a la Ley 1493 sobre la cual la Administración municipal entregó permisos para la realización de varios eventos, sin generar recursos directos para Ibagué.

De acuerdo con Riaño, la Contraloría iniciará una auditoría a los “contratos” celebrados por la Alcaldía que entregó el uso del espacio público en la plaza Murillo Toro a particulares; haciendo un “seguimiento sobre los recursos que allí fueron cancelados” o manejados por las empresas.

Según el Contralor las acciones que se emprenderán tendrán como sustento la Ley 1493 “la cual establece los tipos de eventos, en el cual se entienden por espectáculos públicos los actos como danza, música y otro tipos de actividades que lleven a la imaginación y el conocimiento del ser humano”, aseveró.

“Hay que entrar a revisar  bajo qué modalidad fueron entregados estos bienes para uso de particulares y conforme a lo dispuesto al ordenamiento jurídico entrar a establecer si se incurrió en un detrimento”, manifestó el contralor Riaño.

El funcionario también agregó que de llegarse a dar esa acción “la Contraloría entraría a dar un informe definitivo de hallazgo fiscal que daría mérito para iniciar procesos en contra de las personas que hayan otorgado dichos permisos, sin estar conforme al ordenamiento jurídico”, concluyó.

Ministerio Público

Por otra parte, el personero de Ibagué, Isaac Vargas Morales, aseguró que el organismo defensor “estará pendiente del cumplimiento de la Ley 1493 de 2011”, a la cual calificó de ser “muy amplia en su interpretación y su cobertura” por lo que endilgó al Alcalde la responsabilidad de regular el espacio público; así como el tiempo y duración  en los cuales se desarrollaron los actos en la plaza Murillo Toro.

“Si estos permisos contravienen la normatividad, por cuanto es nuestra función estar haciendo cumplir la Constitución, la ley y los reglamentos, estaremos estudiando los diferentes eventos que se han suscitado (...) y en la medida que el acto administrativo contravenga o viole la ley habrá que atacarlo de manera que se hagan los cuestionamientos debidos a la Administración municipal”, finalizó el Personero.