Los senadores Luis Fernando Velasco, Alexandra Moreno Piraquive y Guillermo García Realpe, enviaron a la Corte Constitucional un escrito en el que dejan por sentado que se unen a la demanda que cursa actualmente en contra del artículo 101 de la Ley 1450 de 2011, el cual faculta al Ministerio de Minas y Energía para fijar el precio de los combustibles. 

En el documento de coadyudancia, conocido por Colprensa, los congresistas argumentan que “existe un grave desconocimiento al orden constitucional superior, contenido en el 338 de la Constitución Nacional, consistente en que a la luz del Estado Social de Derecho, como el que opera en Colombia, es inadmisible que el Ministro de Minas y Energía fije el precio de referencia de los combustibles frente al precio de paridad internacional, que debería regir a través de un acto administrativo”. 

De acuerdo con los parlamentarios, dicho acto demandado “salta a la vista en el Sistema Fiscal colombiano como un tributo en su mayor expresión, si se tiene en consideración su naturaleza impositiva y pecuniaria que debe soportar el administrado por cuenta de sobreprecio en los combustibles haciendo las veces del hecho generador de la carga tributaria”. 

No obstante, los congresistas también fundamentan la demanda en una serie de estudios practicados por la Procuraduría General de la Nación y en los cuales ese ente de control advierte sobre el alto precio del combustible en el país. 

“Los juiciosos estudios realizados por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, donde se hicieron angustiosos llamados al Gobierno Nacional para que baje el precio de los combustibles, partiendo de la base, que resulta abiertamente incompatible a la Constitución, que Colombia ostentando la calidad de productor del recurso natural no renovable, deba verse perjudicada de las condiciones artificiales del mercado fijadas unilateralmente por el Ministerio de Minas y Energía, por una cuestionable política tributaria aplicable a los combustibles y a una intervención directa de la economía de dicha cartera, alterando el dinamismo clásico de la oferta y la demanda a través de un acto administrativo”, dice el documento. 

Al respecto el senador Velasco aseguró que “es un despropósito constitucional que un funcionario del Ministerio de Minas fije el precio de un producto y lo tengamos que pagar los colombianos”. 

Por último, aseveró que “por ser un tema tan profundamente complejo no se lo podemos dejar a un solo funcionario, es necesario hacer el debate político para tomar decisiones las cuales podrían beneficiar a toda la sociedad”.