Acoso judicial amenaza libertad de prensa local

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
¿En qué medida las acciones legales que entablan funcionarios públicos, políticos o particulares, se convierten en un acoso judicial para los periodistas? ¿Por qué este fenómeno se ha transformado en una nueva amenaza para la libertad de prensa, catalogándose como un método de censura más para la prensa regional?

Parece ser que hay vías más diplomáticas para reducir y poner en riesgo inminente la libertad de prensa regional.

El acoso judicial, por ejemplo, se ha convertido en la nueva formula para acallar e intimidar al periodista que pone en evidencia un hecho que resulta ‘incómodo’ para ciertas personas o sectores.

En su último informe, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) advierte que en Colombia son más frecuentes las acciones judiciales.

Los periodistas, en su mayoría, tienen que verse obligados a responder ante los estrados judiciales, por los delitos de injuria, calumnia o pánico económico.

Esto en gran medida se considera un factor de censura para la libertad de prensa.

El plan C (de censura)

“El acoso judicial se produce cuando una persona abusa de las demandas judiciales con el fin de censurar el libre trabajo periodístico.

“Por lo general, el demandante es un funcionario público o un particular que se ha involucrado voluntariamente en asuntos públicos, que busca presionar al periodista a través de demandas judiciales”, explica.

La Flip agrega que el objetivo de este método no tiene que ser la condena del periodista, “basta sólo con obligarlo a tener que responder frente a los jueces, y someterlo a un proceso extenso, desgastante y engorroso”.

Además, está conllevar al periodista a sentir temor y autocensura a la hora de escribir y querer denunciar un nuevo hecho en particular.

En este orden, EL NUEVO DÍA ha querido entregar un consolidado de algunos casos de periodistas denunciados, en más de una ocasión, por el delito de injuria y calumnia, tras haber hecho público casos de presunta corrupción o anomalías administrativas. Muchos de los casos aún pasan por la etapa judicial.

Esta casa editorial aclara que no es objetivo de la publicación desestimar las decisiones de los jueces o la actuación de la Fiscalía como ente acusador e investigador.

Primer caso: José Iván Ramírez

El abogado, periodista y director de la revista Cofradía, José Iván Ramírez, ha tenido que verse en una sala de audiencia, en más de una ocasión. El ‘acoso’ del que se ha considerado víctima, lo obligó a cerrar su revista Cofradía, por temas de seguridad. Los casos tienen que ver con sus columnas de opinión.

Ha sido objeto de ocho demandas, todas relacionadas con injuria y calumnia.

Dentro de sus demandantes están el exalcalde de Ibagué, Jorge Tulio Rodríguez; el actual coordinador del directorio departamental del Partido Liberal, Mauricio Jaramillo; el exsenador condenado por nexos con paramilitarismo, Luis Humberto Gómez Gallo, y el presidente y máximo accionista del equipo Deportes Tolima, Gabriel Camargo.

Tres procesos han sido archivados, dos relacionados con Gómez Gallo y uno más con Enrique Arango Hernández. Ramírez aportó pruebas que se tuvieron en cuenta en la investigación y luego condena, del exsenador conservador.

En una de las demandas entabladas por Jorge Tulio Rodríguez y su padre, Mario Rodríguez Padilla, el periodista fue condenado a 18 meses de prisión en primera instancia. Está actualmente en apelación ante el Tribunal Superior de Ibagué. Este caso tuvo relación con una columna de opinión en la que Ramírez reseñaba presuntos nexos entre los señores Rodríguez y el naracotraficante Luis Eduardo Restrepo, alias ‘El Socio’.

Otro proceso, también ante Rodríguez padre e hijo, tiene a Ramírez Suárez pendiente de la decisión del juzgado, por el delito de calumnia.

El periodista advirtió de igual manera en una columna sobre el peligro que corrió su vida tras asumir la “vocería judicial de la esposa y los tres hijos del abogado asesinado Félix Eduardo Martínez Ramírez, en la investigación penal por su homicidio”.

Los demandantes manifestaron sentirse víctimas de Ramírez por referenciar sus nombres en el escrito publicado en este mismo medio.

El abogado debe afrontar otra acción judicial, esta vez contra el exsenador Mauricio Jaramillo, por el delito de injuria y calumnia. El proceso inició tras varias publicaciones hechas por el periodista relacionando a Jaramillo y al exsenador condenado Gómez Gallo, como “los amos de Cortolima” y algunos supuestos beneficios que recibió el liberal, por parte de la Corporación.

Ramírez tiene otras dos denuncias interpuestas por el presidente del Deportes Tolima, Gabriel Camargo.

En palabras de Ramírez...

“’Si matas a un periodista, hay una conmoción, pero después es solo un número más de la estadística. En cambio, si pones a un periodista a ir a estrados judiciales, a recibir demandas, a entregar su capital si pierde en los tribunales; lo sacas del terreno habitual, lo jodes, lo acabas’”, explicó la periodista Olga Behar, en entrevista para la revista Semana.

“Este preámbulo define de manera precisa la nueva estrategia adoptada por quienes se sienten bajo la lupa husmeadora del periodista. La cual, en nuestro país, gracias a la alianza corrupta entre integrantes de las diversas ramas del Estado -incluido el Poder Judicial-, ha acallado en gran medida la opinión, la libre expresión y la independencia de los medios.

“Nadie más autorizado que la periodista Olga Behar, para evidenciar la nueva plaga que ataca al periodismo.

“Como ella -con menor protagonismo- pero con igual independencia e intensidad de peligro y riesgo, muchos periodistas de región hemos tenido que vivir la instrumentalización de la justicia como acción valedera -para los corruptos- que pretende silenciar, desprestigiar y hasta destruir el periodismo investigativo y de opinión.

“De ahí que los medios y periodistas ‘de provincia’, como suelen llamarnos, soportemos la disyuntiva entre husmear y opinar, enfrentando las denuncias y amenazas del poder, o ser parte del comité de aplausos o áulicos de quienes se enriquecen y benefician de su ejercicio.

“Como columnista del diario El Nuevo Día y director de la revista Cofradía, he sido víctima de esta epidemia moderna que busca acallarnos, pero sin conseguir hacerme desistir o rectificar en una sola frase o palabra, a pesar de las denuncias penales y ataques personales que un presidente del congreso colombiano, un senador de la República y Secretario General de uno de los dos partidos tradicionales de Colombia, y, dos connotados empresarios del sector agrícola y avícola del país, entre otras especies, han emprendido en mi contra.

“Rectificar es aceptar que se ha mentido y que como periodista se ha engañado a quien es receptor de nuestras columnas o escritos periodísticos.

“Si hoy mi vida terminara, tendría que decir al Tolima que me voy satisfecho al crematorio, porque contribuí a develar la macabra alianza que en la década pasada vivimos entre paramilitarismo, narcotráfico, justicia, política y Fuerza Pública”.

Segundo caso: Antonio Melo Salazar

El director por 18 años y gerente por 19 años del diario EL NUEVO DÍA, Antonio Melo Salazar, ha sido demandado en 54 ocasiones, de las cuales 52 han sido falladas a favor del periódico y propio. 

“En la mayoría de los casos, el pronunciamiento de la Fiscalía y de las entidades judiciales ha sido de que no solo teníamos la razón, sino el derecho y casi el deber constitucional de publicar las cosas...”, dijo Melo. 

Algunas publicaciones sirvieron de ‘cabeza’ de investigación para procesos judiciales contra las mismas personas que habían entablado la demanda. 

En estos dos momentos quedan dos actuaciones penales vigentes. “Dos que son absolutamente incomprensibles, pero que dentro del proceso se han ido cumpliendo unos plazos. Ya llevamos más de cinco años y todavía no han tenido definición”. 

“Uno corresponde a una publicación que se hizo sobre unos hechos ocurridos en Guamo, con una familia Murillo y una empresa llamada Kappa Resources. El otro caso es de un subteniente de la Policía de Rovira cuya madre acusaba a un coronel de la Policía de algunas acciones que no eran ajustadas a la legalidad”, reseñó Melo. 

Entre los casos archivados, uno fue muy conocido. Se trataba del exalcalde, exgobernador y exaccionista de EL NUEVO DÍA, Francisco Peñalosa. 

“Nos demandó tres veces por calumnia e injuria. Una con ocasión al robo de energía en un local donde se establecieron después unos supermercados; otro era por unas omisiones que aparecían en el cobro del impuesto predial y los pagos de valorización de unos lotes que el poseía y el tercero por asuntos a la forma en que se licitó y adjudicó los contratos para la refacción de los salones de la Asamblea departamental y la construcción del Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo. 

“En los tres casos la justicia nos dio la razón y algunos sirvieron para investigaciones que terminaron en la condena de Peñalosa por el Consejo de Estado. 

“También denunciamos la conexión que tenían algunas empresas de acá con los narcotraficante, exactamente con alias ‘El Socio’. Nos demandaron por calumnia e injuria, llevamos el informe de la Policía y archivaron la investigación”, concluyó el exdirector de EL NUEVO DÍA. 

En palabras de Melo...

“Sectores políticos y económicos pretenden apaciguar e intimidar a los periodistas y a los medios, pero por supuesto hay que hacer una clara diferencia entre el periodista que hace las cosas profesionalmente y con criterio, y a quien está expresando algunas cosas con un motivo extorsivo. No se debe abogar por esta última clase de periodismo. 

“Tiene una connotación grave el acoso judicial. Los medios deben tenerle confianza a sus periodistas (...). Muchos periodistas no tienen los recursos para interponer una defensa jurídica, de ahí el apoyo que se les debe dar”. 

Tercer caso: Jason Sang

Desde 2010, el periodista Jaison Andrés Sang Ramírez afronta una demanda en su contra por injuria en circunstancia de agravación. El proceso penal surgió cuando hizo público en EL NUEVO DÍA un presunto hecho de corrupción. 

En varias ediciones, Sang Ramírez dejó en evidencia, con respectivos soportes, que la compra de 20 mil kits escolares habrían sido adquiridos a través de una fundación ‘de papel’ llamada ‘Mundo Verde’. 

Con sustentos, el periodista publicó el proceso que este habría tenido desde la Administración local. 

“Yo era conocido por la forma en que redactaba notas, para mí eso era un oficio, el tratar de vigilar los dineros públicos y revisar las actuaciones de las entidades públicas”. 

En palabras de Sang...

“Hay un acoso judicial de la prensa. No hay que dejarnos engañar, ni los jueces ni los fiscales ni los demás compañeros periodistas, esto no se trata de demandas contra periodistas, son ataques a la libertad de prensa. 

“Sí hay un desgaste de la parte judicial o de personas que creen que cualquier tipo de afectación u ofensa, por una publicación, sin importar que esta sea cierta, tienden a demandar. No existen normas claras de protección a la libertad dentro de la ley. 

“No deberían desgastar el aparato judicial ni a los mismos periodistas con estos procesos, lo único que estamos haciendo es actuando en defensa de los intereses comunes de la sociedad”. 

“Me parece curioso que haya organizaciones de periodistas en la ciudad, más interesadas en otro tipo de luchas que no sean la de la libertad de expresión, que es nuestro espíritu. 

“Otras luchas como más personales, que son igualmente válidas, como que tengamos vivienda, seguridad social, pero de nada sirve todo eso, si no tenemos libertad de prensa” 

“Hay que advertir a la comunidad que en el caso de que se pierdan este tipo de demandas es que se creen huecos jurídicos por donde van a llegar otras demandas, se va a crear un efecto dominó. Estas demandas se deberían tomar más en serio como gremio de periodistas”.

Cuarto Caso: Alexánder Correa

Director del portal A la luz pública, ha sido denunciado en nueve ocasiones por injuria, calumnia, pánico económico, extorsión, concierto para delinquir. Todas archivadas. 

“Uno de los primeros casos que tuve se relacionaban con una abogada de aquí. Ella tuvo unos problemas con unas personas que la denunciaban por estafa o hurto. “Nosotros publicamos la nota y ella nos demandó por injuria y calumnia y después amplió la noticia por pánico económico. Eso precluyó. 

“Tuve una fuerte hace siete años, por extorsión y concierto para delinquir. Nos denunciaron porque supuestamente habíamos solicitado dinero antes de publicar la nota, que no fue cierto. Quedó inhibitorio”. 

En palabras de correa...

“El acoso judicial se está convirtiendo en otra manera de censurar el periodismo, porque cuando a ti te llegan con una citación de la Fiscalía, entras en pánico y te asustas mucho. No solamente te da temor indagar nuevamente, sino publicar otras cosas porque uno piensa que si hace público eso le va a llegar otro proceso judicial. 

“Si uno comienza a ir más allá de las cosas, a indagar y a buscar, uno cree que se verá avocado a este tipo de tutelas. 

“En cuanto a las fundaciones que tiene la ciudad que apoyan a los periodistas cuando inician arrancan con mucha fuerza, arrancan con mucho apoyo, pero se quedan allí. En mis casos, no tuve solidaridad de colegas. Los que estuvieron presentes fueron representantes de la Flip”. 

Quinto Caso: Claudia melo

La periodista de esta casa editorial Claudia Melo también hace parte de esta lista.

“Actualmente enfrento una demanda por injuria y calumnia por las publicaciones que este medio de comunicación publicó el 9 de junio, 21 de julio y 30 de septiembre de este año, donde se evidenció los negocios que involucran a la familia del gerente del Banco Popular, José Héctor Marín. El informe, que está sustentado por fuentes tanto documentales y de voz, además contrastado con los involucrados.

“¿Y qué tengo para decir al respecto? Que ejercer el periodismo investigativo desde lo regional es difícil y más cuando se tocan callos de familias adineradas que pueden tener incidencia en el escenario político en la región y que no se pueden tocar.

“Esto, lo defino también como un deseo de coartar la libertad de prensa y expresión de los periodistas y los medios de comunicación, que ante el menor intento de informar, son censurados.

“Por eso, considero que el periodismo de hoy solo registra hechos y no va más allá y esto, porque muchos profesionales por evitarse demandas prefieren no investigar”, concluyó la periodista.

KIMBERLY CASTAÑEDA V. REDACCIÓN POLÍTICA

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