El 12 de julio, 14 concejales decidieron otorgar al alcalde Luis H. Rodríguez facultades para contratar por concesión el sistema de fotomultas. Desde entonces, las críticas no han dado espera, y, por el contrario, la avalancha de cuestionamientos ha dado lugar incluso a advertencias por parte de organismos de control.

Los señalamientos sobre posibles irregularidades van desde unos estudios que tienen fallas, como la misma Administración lo ha reconocido, una APP que se tenía desde 2012 y que ya está en etapa de factibilidad, una viabilidad financiera en la que el Municipio podría estar teniendo un detrimento patrimonial como el Zar Anticorrupción ha mencionado, y otros puntos que a continuación presenta EL NUEVO DÍA.

No sin antes mencionar que, pese a esta cantidad de cuestionamientos, el Alcalde decidió sancionar el acuerdo para seguir adelante con las fotomultas, aunque no ha existido un pronunciamiento oficial desde la Alcaldía.

Contraloría también advirtió

El contralor de Ibagué, Edwin Riaño, resaltó las irregularidades que se detecta en los estudios elaborados por el ingeniero Alejandro Méndez. El funcionario enumeró como anomalías el tiempo en que fue adjudicado el contrato de viabilidad técnica, el porcentaje de participación que tendrá el Municipio en el negocio y hasta la idoneidad del contratista. También dijo que será objeto de estudio el valor del contrato. 

En el documento enviado al alcalde Luis H., el órgano de control establece que el Ejecutivo debe propender por que el Municipio obtenga los mayores beneficios en el negocio y por que los dineros que serán percibidos por el contratista se vean ajustados a la legislación colombiana, que, de no hacerlo, se podría ver afectado el patrimonio público. 

Con los mencionados argumentos, el contralor elevó una función de advertencia a la Administración local. 

El contrato de la discordia

El estudio de soporte técnico llevado a cabo por la Secretaría de Tránsito de Ibagué genera dudas acerca de la idoneidad del mismo, no solo por el monto y el tiempo en ser ejecutado sino, también, la experiencia del contratista que ha intervenido en otros procesos con concesiones a privados como Presea, al menos eso lo han hecho público algunos críticos de las fotomultas. 

Pero adicional a ello, en su momento la Secretaría de Tránsito indicó que el contrato para los estudios había tenido un costo de 38 millones de pesos. Sin embargo, en documentos a los que tuvo acceso EL NUEVO DÍA, dicho contrato solo ascendió a 14 millones 940 mil 800 pesos. Mediante audiencia pública, la oficina de Contratación adjudicó el contrato a Méndez, el único proponente que se presentó al proceso. 

Por otro lado, la misma Administración local ha reconocido que estos estudios tienen fallas, principalmente, en el hecho en que el escenario financiero planteado por Méndez Ramírez es demasiado positivo conforme con las cifras de recaudo actuales de la Secretaría. 

Algunos críticos han dicho que el soporte técnico de los estudios está alejado de la realidad, lo que dejaría en duda los sustentos del Concejo para aprobar el acuerdo. 

Otro cuestionamiento que rodea el contrato es que a través de varias figuras jurídicas, Méndez Ramírez ha sido beneficiado con cuantiosos recursos por la Alcaldía de Ibagué. Una de ellas es a través de la empresa Exgen S.A., Expertos en Gestión, a la que fue adjudicada la interventoría del contrato suscrito con Presea para la gestión comercial, la elaboración del catastro de usuarios, el Control de Pérdidas y la Gestión Tecnológica del Ibal. 

El concejal Camilo Delgado puso en entredicho por qué en el estudio aportado por la Secretaría de Tránsito no se entregó un sustento del motivo para instalar 22 equipos en Ibagué si en ciudades como Bucaramanga, con 170 intersecciones viales, se llevó a cabo un estudio que determinó instalar 30 cámaras de detección electrónica y en Medellín, ciudad que cuenta con más de dos millones 400 mil habitantes, se implementó 40 cámaras. 

La APP guardada

El alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, reveló durante una de las socializaciones que se presentó una propuesta desde 2012 para la concesión del servicio de fotomultas, que en la actualidad está en fase de factibilidad, pero que no era aún vinculante para el Municipio. 

Estas declaraciones causaron suspicacia teniendo en cuenta que la propuesta fue entregada a la Administración local desde ese año y solo hasta ahora se dio a conocer. 

El gobierno Luis H. tampoco mencionó la existencia de la misma a los concejales, durante el debate para la aprobación del acuerdo. 

En el aire quedaron preguntas de ¿por qué el Alcalde prefirió que el Concejo le otorgara facultades pro témpore para concesionar la implementación de las fotomultas? ¿Por qué, si el mandatario ya tenía una propuesta de APP desde 2012, no presentó ante el Concejo la aprobación directa de la misma? 

Dentro de esta alianza, parecer ser que el representante legal de la firma es Juan Guillermo Puerta Zuluaga y en algunos documentos también se referencia a Guillermo Molina, el mismo que tenía relación con la APP de alumbrado público que se cayó el año pasado. 

¿Hay o no viabilidad financiera?

Eduardo Bejarano, exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Ibal, señaló que en los aspectos financieros presentados en los estudios tampoco se calcula la tasa interna de retorno (TIR), ni el cálculo de depreciación de los activos, entre otros elementos que cualquier proyecto propio de su tipo debe especificar. 

Y aseguró que en el estudio presentado por el ingeniero Méndez Ramírez no aparece un análisis del Opex, que corresponde a los costos permanentes para el funcionamiento del sistema, otro elemento para él indispensable. 

Dijo que el proyecto de las fotomultas solo registra los gastos de nómina, que, según el proponente, ascienden a mil 71 millones de pesos al año. 

El concejal Delgado también ha sido crítico en este punto, al señalar que el Municipio entraría a percibir tan solo un 26 por ciento del 65 restante que quedaría por concepto de lo recaudado en multas de tránsito, una vez se destinen los rubros concernientes al Simit y los CIA. 

“Es decir, no va a corresponder un 40% real a la ciudad, sino solo el 26% del total. ¿Es esto un buen negocio para nuestra ciudad? ¿Generará ingresos importantes para el Municipio o solo al privado?”, cuestionó. 

Fenalco y gremio de taxistas se oponen

El millonario contrato que deberá adjudicar el alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, en no más de 12 meses para la implantación de las fotomultas en Ibagué, no fue bien recibido por el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero Nieto, quien exigió al mandatario local dar transparencia en el soporte técnico que sustentó la iniciativa y que ha generado cuestionamientos por parte de los medios de comunicación y los ibaguereños.

Por otro lado, cerca de 700 taxistas y 100 motociclistas marcharon el pasado martes en contra de lo que ellos mismos han catalogado como un ‘fotoatraco’.

El presidente de Asoprotaxi, Álvaro Tapias, calificó de arbitraria y abusiva la medida que pretende implementar la Administración municipal, cuando existen dudas en el estudio técnico y en la participación de las ganancias de Ibagué en el negocio y el deterioro de las vías, señalización y semaforización.

Alfredo Medina, vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, afirmó que existe gran preocupación en función de que el Plan de Ordenamiento Territorial no se ha definido y se desconoce cuáles son las zonas residenciales, industriales, urbanas y semiurbanas y las vías alternas.

“Hicimos un experimento el domingo pasado entre el semáforo de Villa Marina y la entrada a la Ciudadela Comfenalco: cinco compañeros taxistas arrancamos a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y un domingo a las 10 de la mañana el represamiento fue de al menos 50 vehículos, porque se baja mucho la velocidad en algunos sitios”, concluyó.

José Adenis Ramírez, representante de los taxistas, también advirtió que se irán a paro.

Presunto detrimento patrimonial: Zar anticorrupción

Rafael María Merchán, el zar Anticorrupción de la Presidencia de la República, advirtió al Alcalde de Ibagué sobre un posible detrimento patrimonial en el proceso que adelanta para las fotomultas.

El Jefe de la Secretaría de Transparencia señaló que “al revisar las cifras que justifican la necesidad de la Adminis trac ión municipal de concesionar el servicio enunciado, se encontró inconsistencias entre los valores de recaudo presentados el 12 de julio del presente año a la plenaria del Concejo por parte de la Secretaría de Tránsito y el documento técnico entregado como soporte a la exposición de motivos, por más de 26 mil millones de pesos”.

Merchán también advirtió que la Ley 1386 de 2010 deroga lo dispuesto en los artículos 7 y 160 de la Ley 769 de 2002, por la que el Concejo lo facultó para entregar a un privado la operación y administración de los recursos por comparendos por 20 años.

En la carta, el Zar mencionó que la única forma de contratación que puede efectuarse es a través de proceso licitatorio y no otro, tal y como lo establece el estatuto de contratación.

El mentirómetro

En un ejercicio que adelantó EL NUEVO DÍA de constatar las declaraciones que entregó a través de un comunicado de prensa el Gobierno local con lo que está planteado en los estudios que elaboró el ingeniero Alejandro Méndez y el acuerdo que otorga facultades al Alcalde, más lo dicho por la Secretaría de Tránsito, fueron encontradas varias incoherencias.

Por ejemplo, la Administración dijo que no se ha establecido el porcentaje 40 - 60, cuando en los estudios y la presentación de la Secretaría de Tránsito y Transporte se habló de estos números.

El mandatario también aseguró que el proyecto de fotomultas no estaba definido por concesión o por APP, lo cual no es cierto. El proyecto de acuerdo que avaló el Concejo consistía en otorgar facultades al Alcalde para contratar por concesión las fotomultas.

Y había dicho, además, que “las 22 cámaras se ubicarán en vías que se encuentran en perfectas condiciones y que han sido recuperadas por esta Administración”, lo cual es falso. No todos los puntos cuentan con buena señalización y una óptima malla vial.