Frente al fallo que le da la potestad de adopción a dos lesbianas, el presidente de la Corte Constitucional, Luis Vargas, señaló que tiene razón la comunidad Lgbti al haber esperado más beneficios de esta decisión.

“La Corte en esta oportunidad no enfrentó el tema del derecho a la igualdad. Me parece que el fallo es un avance, un poco lento, pero cada adquisición o reivindicación de derechos en favor de grupos marginados como Lgbti se hace a través de casi imperceptibles avances para efectos de no provocar cambios bruscos en la sociedad”, sostuvo el magistrado ayer, en su visita a Ibagué.

Vargas reconoció que el avance puede considerarse como lento, teniendo en cuenta que las dos mujeres esperaron cerca de cinco años para la sentencia. Sin embargo, agregó que en su presidencia está tratando que el tiempo sea menor.

En cuanto a los cambios que quedarían pendientes, el Magistrado dijo que la misma decisión que se tomó en la sentencia debe hacerse, “pero sin suscribirla a un grupo específico de personas marginadas, en este caso dentro de la comunidad Lgbti se habló de adopción por consentimiento, es decir, cuando la madre o el padre, son los padres biológicos del menor”.

El Presidente de la Corte Constitucional admitió que resoluciones como la dada en el reciente fallo, “incomodan a determinadas áreas sociales, especialmente a la iglesia, que es la que impulsa la iconografía de la concepción de familia”.

También aceptó que podría incomodar al procurador Alejandro Ordóñez. “Él siempre ha tenido una cruzada a favor de la estructura de familia”.

Sobre las consultas populares

“Si la Corte se tiene que ocupar del tema de consultas populares, próximamente con ponencia del magistrado tolimense Mauricio González Cuervo, la Corte tendrá que dictar una sentencias sobre mecanismos de participación ciudadana. Pero en este momento los que están previstos me parece que son viables”, refirió el Magistrado.

En cuanto a si son o no de obligatorio cumplimiento, el Presidente de la Corte dijo que no podía asegurar que sea un mecanismo que tenga ‘vinculatoriedad’ o ‘impositividad’ para los alcaldes y los gobernadores o para las productoras mineras. “Me parece que son mecanismos de expresión popular que pueden orientar las decisiones de los mandatarios”.

Por otro lado, Vargas concretó que la Corte le está dando apertura a que las decisiones, en materia de minería, se den de manera concertada y no de manera impositiva.