EL NUEVO DÍA conoció que el proceso dio lugar, tras evidenciarse una posible restricción y vulneración de derechos, para la participación de la comunidad en un cabildo abierto. Esto, a raíz de un documento emitido y firmado por la entonces presidenta del Concejo, Linda Esperanza Perdomo, y los dos vicepresidentes, Jorge Bolívar y Emiro Murillo.

El caso

Según la denuncia, los concejales habrían cometido algunas irregularidades al emitir la resolución 106 del 1 de abril de 2014. Esta resolvía convocar a un cabildo abierto para el 9 de abril con relación a la revisión y ajustes del Plan de Ordenamiento Territorial.

En uno de su artículos, específicamente en el cuarto, la resolución expuso que las personas interesadas en participar en dicho mecanismo, debían, primero, allegar al Concejo “un resumen de su intervención”, y segundo, inscribirse con documento de identidad en mano.

Asimismo, la Fundación no solo se refirió a los ‘requisitos’ que debían cumplir los ciudadanos que deseaban estar en el cabildo, sino que, además, señalaron que la Secretaria, encargada de recibir los documentos, solicitaba la presencia de la persona que firmaba el radicado.

Fundaprocol entonces advirtió que se violentó el principio constitucional de la buena fe. “Se restringe y se vulnera los derechos también consagrados en la Constitución, artículo 103, sobre mecanismos de participación cuando se pide cumplir requisitos que no están consagrados en la ley”.