La minería y sus consecuencias en los territorios fue el gran tema ayer, en una nueva jornada del Encuentro Constitucional por la Tierra.

El economista Luis Jorge Garay fue uno de los invitados que removió el debate. Afirmó que las actividades de extracción minera repercuten, negativamente, en los territorios.

Durante su intervención, el economista y consultor de la Contraloría General, sostuvo que “los municipios, eminentemente mineros, tienen indicadores sociales y desarrollo institucional peores, incluso, que el conjunto de los municipios cocaleros, que están en las condiciones más deterioradas”.

Minería y conflicto

Según Garay, la minería es en muchos territorios uno de los conflictos más agudos, y aseguró que es posible que lo continúe siendo por mucho más tiempo.

“Esto por múltiples razones. La minería se desarrolla donde está el recurso, no donde está la voluntad del empresario o del criminal. En muchas partes del país donde no hay Estado o el Estado está capturado por la ilegalidad, está buena parte de los recursos naturales del país”, dijo el experto.

Sostuvo que en los lugares donde se desarrolla la extracción de recursos, existen unas condiciones de conflicto y violencia marcadas “que llevan a que la minería legal tenga aún la responsabilidad de un mismo desarrollo minero”.

¿Es o no sinónimo de desarrollo?

Garay afirmó que Colombia es uno de los países que tiene en América Latina la renta más baja por extracción y la equipara, relativamente, con la de Perú.

“Se refleja esta baja renta minera en que a diferencia del discurso oficial y de las empresas de extracción, esta no aporta recursos suficientes al erario nacional. Solamente en los últimos siete años ha aportado un promedio del 0.6 por ciento del BIP, al año, lo que a todas luces es aberrante”.

El economista invitado agregó que resulta más aberrante aún, que no exista una voluntad ni una institucionalidad en el país, “decidida en garantizar el pago de compensaciones por todo el patrimonio público. Esa ima-

gen de que la minería, tal como se está desarrollando en este momento, es un motor de crecimiento y desarrollo, claramente es falaz”.

Refirió además que el 95 por ciento del producto de la gran minería, es llevado al exterior sin ninguna transformación, pero sí con todo los impactos ambientales.

Estas cifras que entregó ayer Garay, son fruto de una investigación que adelantó junto con otro grupo de experto por dos años.

El economista cerró su intervención invitando a que Colombia reflexione si desea seguir “profundizando su modelo neoliberal predominante, revirtiendo logros jurisprudenciales y retrocediendo en el Estado Social de Derecho que tenemos tan pobre.

“Esto para garantizarle a los inversores extranjeros la celeridad y la seguridad jurídica, implicando además una masiva transferencia de recursos sin una retribución debida a la comunidad y a la Nación como lo quiere hacer esta segunda administración de Santos”.

Garay señaló que este escenario implica, entre otras cosas, ‘ruir’ la consulta previa e irse contra ella.

Sin embargo, también invitó a ver otro panorama al que se le puede apostar: Un cambio donde se corrijan las falencias existentes, garantizando el bien nacional y no “el capital transnacional langosta, que viene, explota y se va”.

Rodrigo Negrete: el agua y el ordenamiento territorial ambiental

 * Es preocupante que se esté premiando la constitución económica y no la ambiental.

* El agua es un elemento dinamizador de la economía, pero cuáles son las garantías de este recurso.

* La licencia ambiental es ineficaz para evitar la pérdida, contaminación y deterioro. ¿Es un instrumento que ampara el daño ambiental? ¿tiene límites frente al uso? ¿desviación de ríos?

* Estamos perdiendo el rigor para dar licencias ambientales. ¿Qué estamos haciendo? ¿Primero permitimos las actividades de extracción y luego tomamos las medidas de rigor?

* No se trata de decir no a la extracción de recurso o a cualquier actividad, se trata es de analizar hasta que punto las comunidades tienen que vivir con los impactos que estas dejan.

* El Estado está siendo pasivo para planificar y establecer las reglas donde se puede o no adelantar actividades de extracción.

* La Corte Constitucional genera elementos de juicio, pero estos se incumplen.

* El ordenamiento ambiental es muy lento pero las actividades relacionadas con las extracciones son muy rápidas.

* No se debería entregar títulos mineros hasta que no haya un consenso entre los entes.

*¿Por qué se está amenazando a los gobernadores locales cuando intentan defender su territorio a través de las consultas populares diciendo que el subsuelo es el del Estado? Los municipios son el Estado y ellos son su núcleo. 

Roberto Vidal: reflexiones sobre desplazamiento y actividades de extracción

* Nosotros tenemos en Colombia desplazamiento por extracción y por violencia. Esto casi que es un sinónimo.

* La discusión sobre el desarrollo y el efecto nocivo de poblaciones tiene asimetría legal.

* Tenemos que habilitar mecanismos de representación política, pero también legal, de manera que las comunidades accedan a la información y a acciones dentro de las que está la movilización.

* Es necesario pensar en la responsabilidad que tiene el Estado en los derechos humanos por causas de las actividades de extracción.

* No solo hay responsabilidad estatal en derechos humanos, sino también empresarial respecto a las violaciones que se generan por los proyectos, y no hablo de responsabilidad social empresarial. Estoy hablando de la necesidad de configurar obligaciones de las empresas en casos de violaciones de derechos humanos, sea para prevenir o resarcir.

* La importancia de la organización y las comunidades para que se le respeten su derecho a consultas. 

“¿Como humanos y sociedad qué estamos autorizados hacer con el agua?”

Por otro lado, el agua fue también protagonista ayer en una segunda jornada del Encuentro Constitucional por la Tierra. En Ibagué, Gloria Lopera, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, presentó algunas reflexiones que dejaron expertos sobre este recurso y las ‘flojas’ normas jurídicas para preservarlo.

En un recuento, la magistrada advirtió que hoy día hablar del agua significa hablar de un derecho, cuando en tiempos anteriores esta concepción ni se asomaba. Lo preocupante además de eso, es que por debajo de ese consenso del agua como derecho, hay grandes desacuerdos, principalmente, si está refiriendo ello como un patrimonio común o como una distribución a través del mercado.

“Ese bien que advertimos es escaso, nos enfrenta a problemas como de su cantidad y su calidad, pero como el agua es un recurso finito, esas dos cosas dependen de las decisiones que tomamos sobre cómo intervenimos los ecosistemas”.

Lopera recordó el caso que a comienzos de este año daba vía libre a la desviación del río Cauca para la construcción de una represa, y cuestionó hasta dónde los humanos y la sociedad están autorizados para disponer y decidir sobre el agua.

Es aquí entonces donde entran a jugar un papel los instrumentos jurídicos y normativos. Sin embargo, según la magistrada auxiliar de la Corte, “los esfuerzos por generar el marco regulatorio, a través de normas generales, se han enfrentado a la dificultad de traducirlos a normas vinculantes obligatorias”.

Agregó que “han existido esfuerzos para generar la regulación del agua. (…) Incluso la misma ciudadanía ha tenido iniciativas que se están abriendo camino a nivel local, a través de las consultas populares, que también tienen una gran disputa en torno al reconocimiento de la legalidad, porque legitimidad sí tiene”.