Orlando Arciniegas entró a defender proceso de fotomultas ante el Tribunal

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
El abogado hace parte del caso como tercera parte interviniente, según refiere la Rama Judicial frente a las actuaciones del proceso.

Los escuderos de Luis H. Rodríguez una vez más le salen al paso al polémico acuerdo de las fotomultas. Esta vez, el turno es para Orlando Arciniegas.

Desde finales de septiembre, el abogado hace parte de la demanda que cursa contra el Gobierno local, según confirmó EL NUEVO DÍA, ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Arciniegas actúa como tercero interviniente y es parte opositora de las pretensiones del gobernador Luis Carlos Delgado Peñón, quien remitió el acuerdo a la Sala exponiendo los vicios de ilegalidad que tiene la iniciativa.

Sumado a ello, se conoció que el polémico abogado está defendiendo el acuerdo de las fotomultas de Honda, también demandando por temas de ilegalidad.

Pero, ¿qué argumentos entró a exponer ante el Tribunal Arciniegas para decir que las facultades aprobadas por el Concejo de Ibagué gozan de legalidad?.

En diálogo con este rotativo, el abogado empezó señalando que Delgado Peñón hizo caso omiso a una situación de carácter legal.

“La norma respectiva determina que una vez que le llega al Gobernador el acuerdo y se le hace el control de legalidad, él, debe, si considera que hay algún error o violación a la constitución, hacer el correspondiente escrito de observación y enviárselo al Tribunal; pero además le impone la obligación de enviarle al Alcalde, al Personero y al Presidente del Concejo la correspondiente copia del escrito enviado a la Sala. Esta situación nunca ocurrió”, señaló.

Arciniegas reconoció que este hecho tenía que ver más con un tema de forma que de fondo.

Arciniegas y sus oposiciones a Delgado Peñón

Al entrar a hablar explícitamente sobre los vicios de ilegalidad que presentó el Gobernador, Arciniegas contradijo uno por uno.

“Primero, el gobernador dijo que no existía unidad de materia; segundo, que se debían exigir vigencias futuras; tercero, que no se aplicaba el artículo 32 de la ley 80, y por último, el plazo estipulado para la concesión. Frente a esto considero que en ninguno de los puntos le asiste razón”.

Sobre el primero, Arciniegas dijo que sí había relación entre el título del acuerdo más lo que desarrolla el articulado.

“Aquí estamos hablando de una concesión, de un plazo y los términos, y yo no veo porque uno deba decir que no existe unidad de materia”, reseñó.

Frente a la obligación que tenía la Administración local de contar con la autorización de vigencias futuras, el asesor de Luis H. señaló que en este caso no se necesitaba dicho aval.

“En el modelo de contrato de concesión es el privado el que va sacar la plata. La retribución será por el cobro de los comparendos”. Para Arciniegas, en este sentido no se están comprometiendo recursos futuros.

Otro de los vicios de ilegalidad que encontró la oficina jurídica de la Gobernación del Tolima fue que Luis H. argumentó contratar por concesión, y no por APP, basado en el artículo 32 de la Ley 80 que había sido modificado desde hace dos años y medio.

Contradijo esta enunciación señalando que no era cierto que este artículo se haya derogado.

“Lo que hizo el legislador fue incorporar ese tipo de contratos de concesión a la ley de APP, más nunca derogarla. Lo que hizo fue ampliarla”, sostuvo.

Por último, frente al tiempo de la concesión (hasta por 20 años), el abogado dijo que el Concejo sí podía entrar a regular el tiempo. Es decir que el contrato no debía pasar de más de 20 años.

En términos generales, para Arciniegas el acuerdo 011 de las fotomultas, está bajo total legalidad, pero también acotó que respetaría cualquier decisión del Tribunal.

“No hay nada fijo”

A su vez, sostuvo que hasta el momento no había nada sobre las fotomultas más que unas facultades aprobadas por el Concejo.

“Aquí no hay ningún proceso contractual, ni se ha iniciado ni se sabe quién se lo va a ganar”, expresó.

“Se necesita un estudio serio”

Arciniegas aclaró que para la etapa contractual se debía necesitar un nuevo estudio, pero más serio con relación al elaborado por el ingeniero Alejandro Méndez.

“El estudio que se ha cuestionado de Méndez tiene problemas serios, como esto: pensar que el tema de la infracción de tránsito sería una constante desde el primer día de contrato hasta el último día”, advirtió.

Sobretodo, cuando uno de los argumentos que ha tenido la Administración local para la implementación de las fotomultas es precisamente la reducción de accidentes e infracciones.

Pese a eso, Arciniegas no cree que fue error presentar el estudio de Méndez con estas falencias. “Por ser más papistas que el Papa y por pretender dar una relevancia se mal interpretó el tema. No creo que el estudio sea tan verídico cuando uno determina categorías por ejemplo, en un modelo financiero donde pretenden ganar 10 pesos el primer día y 10 pesos al finalizar. Eso es pensar muy mal”, finalizó.

Arremete contra Delgado Peñón 

“Entré a hacer parte del proceso porque encuentro que las objeciones del Gobernador son infundadas y obedecen más a un carácter político que jurídico”, dijo el abogado.

Arciniegas se fue lanza en ristre contra Luis Carlos Delgado Peñón al señalar que el traslado de los dos acuerdos de las fotomultas al Tribunal, fueron motivadas por presiones políticas.

“Él quería quedar como a él le gusta: bien con la gente. Él cree que mandando al Tribunal quedó bien con los detractores de las fotomultas como cree que queda muy bien denunciando a sus funcionarios cuando manda las quejas a la Procuraduría para que lo investiguen, cuando es él quien debe tomar la decisión.

“Uno lo que se encuentra es que el Gobernador se lava las manos y siempre lo ha venido haciendo en sus tres años. Siempre quiere quedar bien con ciertos sectores”, reprochó.

Credito
KIMBERLY CASTAÑEDA V.

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