La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, en el Tolima, solicitó al gobernador Luis Carlos Delgado Peñón, no remitir el decreto que adoptó el POT de Ibagué al Tribunal Administrativo, argumentando “una incertidumbre jurídica que afectaría gravemente el desarrollo de inversiones y proyectos en el sector de la construcción”.

Esta solicitud, fue llevada a cabo en contraposición a las declaraciones del concejal Humberto Quintero, publicadas por EL NUEVO DÍA en días recientes, en las que el cabildante solicitó al Gobernador remitir el documento al contencioso, dadas las presuntas deficiencias que contiene el escrito.

Desacuerdos

Son varios los aspectos que según el Concejal, deben instar a Delgado Peñón a enviar el POT al Tribunal Administrativo.

La falta de socialización amplia y el poco tiempo con que se contó para su análisis, según expuso Quintero, no facultaban al alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, validar el POT. Sin embargo, Félix García Motta, presidente de la junta Directiva de Camacol, piensa lo contrario.

En la misiva enviada a Delgado Peñón, García refuta al concejal argumentando que el proyecto de acuerdo estuvo en trámite en el Concejo municipal durante más de tres meses, tiempo en el que se realizaron varias audiencias, las cuales incluyeron cabildo abierto para la discusión pública del proyecto con la comunidad y en la que el gremio constructor participó y formuló observaciones y propuestas.

“Debido a la inactividad del Concejo municipal la ley tiene previsto que el Alcalde puede expedirlo por Decreto, como en efecto ocurrió”, reza uno de los parágrafos de la carta.

El concejal había afirmado que todas las temáticas planteadas en el POT no pueden incluirse en un solo acto administrativo, sino que deben ser individualizadas y no dejarlas en un documento único, a lo que García Motta refutó en la misiva.

“Parte de las dificultades en la aplicación de las normas de ordenamiento territorial de Ibagué en los últimos años se han debido a la dicotomía normativa al tener dos acuerdos que la contenían, cuando a la luz de la Ley 388 de 1997 es claro que el POT debe estar contenido en un único cuerpo normativo”.

Solicitud

Así como el concejal Humberto Quintero, pidió al Gobernador enviar el decreto del POT al Tribunal Administrativo para su revisión, Félix García, en nombre de Camacol, también hizo una petición al mandatario regional; la de no enviar el documento al contencioso.

“Durante más de un año el proceso de concertación y socialización del POT vigente fue ampliamente difundido por la Administración municipal (…) y a pesar que no se lograron puntos de encuentro en algunos aspectos sugeridos por los distintos gremios, el proceso fue absolutamente democrático y transparente”.

“Sin desconocer la competencia que usted tiene para remitir el decreto al Tribunal Administrativo, consideramos que dicha facultad debe ser ejercida con suma cautela, puesto que la decisión que se tome es definitiva (…).

“Por lo que la ciudad entraría en un proceso muy complejo, toda vez que se requeriría nuevamente adelantar todo el proceso de formulación, socialización y adopción del POT”, concluye el documento.

Camacol se beneficia: Concejal Quintero

Por su parte el concejal Humberto Quintero se pronunció sobre las declaraciones de García Motta, expresadas mediante oficio emitido al Gobernador. Según el cabildante, esta solicitud de Camacol, se hace con base en que a la sociedad gremial no le conviene que sea revisado el POT, porque afectaría los negocios de todos el gremio de la construcción.

“El alcalde solicitó al Concejo que se expidiera el POT por decreto, pero este no tuvo los términos para ser estudiado en extraordinarias por cuestiones de tiempo, como lo aducen los mismos ponentes y el mismo suscrito cuando dejó constancia de que al POT no se le podía dar trámite, quedaba archivado en cumplimiento al artículo 76 de la ley 136 de 1994, este es uno de los argumentos que tengo y que vicia el decreto del Alcalde”, indicó Quintero.

Por otra parte señaló que si bien la socialización la hizo el Concejo mediante cabildo abierto, la Alcaldía debía iniciar una socialización respectiva, que no hizo, y que además debió motivar actas de Concejo de Gobierno, explicando por qué se adoptaba por decreto el POT.

“Que los constructores estén en este momento abogando y justificando el POT, obedece a que para nadie es un secreto que ellos son los más beneficiados en todo este ajuste que se hace de revisión al POT. La revisión es necesaria porque no se puede permitir que se extienda la ciudad sin ninguna ordenación, sobre todo por la poca disponibilidad de agua, además de que tenemos acueductos que no están certificados con agua potable”, agregó.