Así se acordó luego de siete horas de reunión de Sala Plena, en donde los magistrados Luis Ernesto Vargas, Mauricio González Cuervo y Jorge Iván Palacio le pidieron que se separara del cargo. embargo, Pretelt manifestó que esto le vulneraría su derecho a la defensa. 

Pasada la media noche, Pretelt leyó un comunicado de prensa de cuatro puntos que afirma que “los magistrados de la Corte Constitucional, respetuosos del proceso que se deberá adelantar el juez natural, se abstendrán de dar declaraciones públicas”. 

“Expresan que la Comisión de Investigación y Acusación su plena colaboración para el adelantamiento del proceso, darán prelación absoluta a los requerimientos y las citaciones que haga dicha comisión, y respetarán y acatarán el resultado de la investigación”, leyó Pretelt. 

En el comunicado, la Sala en pleno descartó la existencia de un supuesto complot contra Pretelt, versión que él mismo entregó; así como que supuestamente el magistrado Vargas conocía desde septiembre pasado de los supuestos hechos de corrupción. “Tuvo conocimiento de la versión sobre tales hechos el día lunes 2 de febrero”, dijo Pretelt. 

“Los hechos por investigar, en manera alguna conciernen a un supuesto complot ni obedecen a la existencia de bloques en la Corte Constitucional, y por ende, nada tienen que ver con la postura de sus magistrados frente al cumplimiento de funciones electorales, que por lo demás, esta Corte, en diversas oportunidades, ha solicitado le sean retiradas”, leyó Pretelt. 

La Sala Plena de la Corte señaló que entiende que la versión suministrada por el abogado Víctor Pacheco es un asunto que tiene graves implicaciones en la moral pública “y aclara que los presuntos hechos denunciados se circunscriben a la supuesta solicitud de dineros, como se manifestó en la denuncia interpuesta, y no a la presunta entrega de los mismos”. 

Finalmente, la Sala hizo un vehemente llamado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que lleve a cabo con la mayor “eficiencia, profundidad y celeridad” esta investigación. 

“La Corte es consciente de que el pronto esclarecimiento de los hechos a través de un debido proceso y con las garantías del derecho de defensa y la contradicción, que como garante de la Constitución salvaguarda, es trascendental para preservar la legitimidad y la confianza pública”, señaló Pretelt.