Por ejemplo, se dice que con los cerca de 18 mil millones de pesos que se invirtieron se podría levantar un barrio de interés social, una urbanización de ‘Casas Gratis’ como las que entrega la Nación, y que podría beneficiar a más de dos mil 200 personas pobres del país.

Pero esa plata esta vez no va para una obra de infraestructura, pues fue invertida por el Estado en la realización de las consultas internas en las que varios partidos eligieron candidatos para disputar alcaldías, concejos, gobernaciones, asambleas y juntas administradoras locales en las elecciones de octubre próximo. Uno más escogerá delegados a un congreso.

Es por eso que algunos analistas políticos consideran que, pese a que son válidas, el gasto en las consultas es “incoherente e infortunado”.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, asegura que los mecanismos como las consultas internas son importantes para que en Colombia se abra espacios para la democracia.

Por su parte, el politólogo Fernando Giraldo considera que el mecanismo democrático solo es usado por los partidos por conveniencia y no por convicción.

Por eso, por “meter” al Estado en un proceso dispendioso, es que Giraldo considera que las consultas deben ser obligatorias, tanto para los partidos como para los electores.