Interrogantes más que respuestas, en esto se resume el proceso de la investigación por la muerte de Carlos Pizarro Leongómez, líder del movimiento Alianza Democrática-M19, quien fue asesinado en pleno vuelo de Avianca en la ruta Bogotá - Barranquilla por un joven sicario que, en una misión suicida, terminó muerto por la escolta del político.

Sin embargo, hace unos meses la Fiscalía General de la Nación dio un giro a la investigación en un intento por demostrar si detrás del crimen que hoy completa 25 años, se presentó una alianza criminal donde agentes del Estado tendrían participación.

Los resultados de las necropsias

Para ello el ente investigador ordenó el 26 de noviembre del año pasado que el cuerpo de Pizarro fuera exhumado por segunda vez, para realizar una nueva necropsia. Igualmente se exhumaron los restos de Gerardo González Uribe, señalado de haber sido el autor material del crimen.

La diligencia se ordenó luego de que un examen de balística le revelara al ente investigador que había inconsistencias en los informes de las trayectorias de las balas disparadas contra el dirigente político.

Cerca de dos meses duró el análisis de los restos del excomandante del M-19. Los resultados advierten sobre la “ubicación de tres lesiones con orificios de un centímetro de diámetro en el cráneo, producto de proyectil de arma de fuego, sumado a un trauma contundente, debido a la alta velocidad de los mismos al momento del impacto”.

En el informe, los investigadores del ente acusador también hablan sobre la trayectoria de dos disparos confrontadas a las lesiones por ubicación. “Se sugiere una trayectoria de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante”.

“Ese resultado desvirtúa las dudas que existían sobre la trayectoria de los impactos y ratifica la versión de que el sicario le disparó desde la parte de atrás del avión y a corta distancia”, señaló una fuente cercana al caso.

“Los resultados también permiten hacer claridad de que solo se disparó con un arma”, agregó.

En cuanto a la necropsia practicada a Gerardo Gutiérrez Uribe, el sicario que le disparó, los resultados dejan dudas sobre la forma en la que se registraron los hechos, pues en el cráneo se encontraron dos orificios de entrada de bala.

En el primero corresponde a una herida en el cráneo, con una trayectoria de izquierda a derecha que coincide con la reacción de la escolta de Pizarro para detener el ataque. Pero lo que puso a dudar a los investigadores es el segundo disparo, que según la descripción de los médicos forenses, entró de atrás hacia adelante.

Y es que este último resultado refuerza la versión de unos testigos presenciales de los hechos, quienes afirmaron en su momento que Gerardo Gutiérrez Uribe, tras disparar contra Pizarro, se rindió y tras estar tendido en el piso, uno de los escoltas le disparó aún cuando ya estaba desarmado.

Así las cosas, este resultado refuerza la hipótesis de que Gutiérrez Uribe no habría sido el autor de los disparos que acabaron con la vida del dirigente político, sino que había sido uno de los miembros de su cuerpo de seguridad.

Lo cual para los investigadores es una clara evidencia que el crimen fue consecuencia de una macabra alianza entre narcos, ‘paras’ y sectores de extrema derecha del Estado, que infiltraron entidades del Estado para cometer el crimen.

Debido a esto, la Fiscalía ordenó la recolección de pruebas para establecer la participación de otras personas en este atentado y se preparó la citación de al menos 15 testigos, todo en aras de avanzar y lograr definir de una vez por todas qué se esconde detrás de esta muerte y que al momento ha sido señalado como autor intelectual e incluso confesó el crimen, Carlos Castaño, exjefe de las AUC.

Otra pieza perdida

María José Pizarro, hija del exjefe guerrillero del M-19, señaló que con todo esto espera “se logren pasar las barreras de la impunidad”.

Recordó que el arma con que se cometió el crimen fue fundida el año pasado. “Ha habido toda una intencionalidad de desviar la investigación. En noviembre de 2013 se fundió el arma con la que fue asesinado mi padre, ya habiendo sido declarado delito de lesa humanidad, que dan prueba de quererse mantener silenciado el proceso y de no permitir avances concretos en torno a la investigación”, dijo la hija del exdirigente político.

María José Pizarro también indicó que Sergio Reyes Blanco, representante de la Procuraduría General de la Nación, y quien estuvo al frente de la exhumación, señaló que se investigan varias hipótesis, entre ellas la presunta participación de agentes del Estado en el asesinato.

“De mi padre le puedo decir que era un hombre protegido, y uno de los más cuidados y fue asesinado en pleno vuelo con un arma que no sabemos cómo entró al avión. Él fue asesinado 45 días después de firmar un proceso de paz”, finalizó la hija de Pizarro Leóngómez.

Lo declaran delito de lesa humanidad

 En abril de 2010 un fiscal de Derechos Humanos y DIH consideró que el homicidio de Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19, reúne las características de crimen de lesa humanidad, con lo que se activa la imprescreptibilidad de la acción penal.

De acuerdo con la decisión del fiscal instructor, ese caso hizo parte de un plan ejecutado con conocimiento y de forma sistemática en contra de dirigentes de izquierda por grupos de autodefensas. 

La conexión de tres magnicidios

La Fiscalía recientemente, a través de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto (Unac), analistas, fiscales e investigadores de Policía Judicial, halló más de 25 puntos de conexión entre los magnicidios de Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán Sarmiento y Carlos Pizarro Leongómez; acaecidos durante la oleada de violencia entre los años 80 y 90.

El equipo de trabajo encontró patrones crimina les comunes, destacando, por ejemplo, la calidad de las víctimas, la coincidencia en los móviles y el modo en que fueron perpetrados los homicidios.

Otros conectores como el tipo de arma, los escoltas en común que habrían servido a los tres políticos, la participación de agentes del Estado de la Fuerza Pública, el abordaje a las víctimas y el asesinato de los autores materiales de los magnicidios, fueron establecidos en desarrollo de la investigación.

La Fiscalía pretende encontrar a los máximos responsables y no descarta la vinculación de dirigentes políticos, agentes del Estado, paramilitares y mafias narcotraficantes, que habrían participado en los hechos.