Según la representante a la Cámara, Angélica Lozano, “casos como el de Rosa Elvira Cely en el 2012 demostraron que el Estado colombiano sigue estando corto de herramientas jurídicas para imponer las penas justas a los agresores y ofrecer atención integral y oportuna a las familias de las víctimas.”

Luego de que ocurriera el caso al que hace referencia Lozano se empezó a conocer que el feminicidio es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, ya sea en los ámbitos público o privado, a través de prácticas reiteradas que llevan a la muerte violenta de las mujeres.

Para Lozano “considerar el feminicidio como un crimen más o incluso un crimen pasional, ha legitimado las conductas de violencia contra las mujeres y niñas en Colombia”, y por lo tanto, agrega, se debe garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación así como prevenir y erradicar dichas violencias, tal y como lo propone la ley en discusión.

En caso de que llegue aprobarse en su totalidad este proyecto se estima que a quien cause la muerte violenta a una mujer, por su condición de ser mujer, por motivos de su identidad de género o por motivos de discriminación tendría que pagar una condena de entre 13 y 25 años.

La discusión se da luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una sentencia en la que considera al feminicidio u homicidio de una mujer por razones de género, como un severo agravante a la condena del victimario.

El fallo de la Corte se dio ante el caso de un hombre en Medellín que en septiembre de 2009 atacó a su esposa con arma blanca y en 2012, luego de reiterados maltratos verbales la asesinó dándole una puñalada en el tórax. Según el proyecto de ley, en los casos en los que haya sospecha de existir feminicidio, las investigaciones deberán iniciarse de oficio y llevarse a cabo inmediatamente y por personal especializado.