Así las cosas, de los comités inscritos uno es para la Gobernación, 22 para concejos municipales, 19 para alcaldías y uno para la Asamblea departamental. Todos tendrán plazo hasta el próximo 25 de julio para entregar las respectivas firmas de apoyo a las candidaturas.

La Registraduría recordó que desde el pasado 25 junio y hasta el próximo 25 de julio se desarrollará la inscripción de candidatos en todo el país. Durante este periodo los aspirantes deben diligenciar su preinscripción a las elecciones de autoridades locales de 2015 y, después, presentar las firmas con las que apoyan su candidatura.

La Registraduría cuenta con un mes a partir de la recepción de los apoyos para revisarlos y emitir la certificación que avala las candidaturas. El número de firmas por recoger es correspondiente a la siguiente operación matemática:

Para los cargos uninominales: Número de firmas por presentar = censo electoral del departamento x 20 por ciento

Para cargos plurinominales: censo electoral / número de curules a proveer x 20 por ciento = número de firmas.

En ningún caso serán exigidas más de 50 mil firmas para permitir la inscripción del candidato.

Gobernación del Tolima

El expresidente del Senado Carlos García Orjuela, quien va por la Gobernación, arrancó en abril, cuando registró su comité promotor de recolección de firmas, denominado ‘Gana el Tolima’.

La aspiración de García viene acompañada de una lista de 15 candidatos a la Asamblea departamental, que también irán por firmas. García ha recorrido todos los municipios del Tolima y más de 800 veredas y corregimientos. A la fecha van 100 mil firmas recogidas.

El equipo base de la campaña de García es de jóvenes. Maneja activamente redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Es el primer candidato en toda la historia política del Tolima que se lanza a la Gobernación mediante firmas.

Alcaldía de Ibagué

Mientras tanto, el candidato a la Alcaldía de Ibagué Ricardo Ferro inició el comité promotor de recolección de firmas ‘Firme por Ibagué’ el pasado 14 de enero.

La aspiración de Ferro es inscribir su candidatura con 100 mil firmas en Ibagué, de las que ha logrado a la fecha 93 mil recogidas. Su candidatura está acompañada por una lista de 19 candidatos al Concejo, que también irán por firmas.

Inscripción de candidaturas

A menos de un mes para hacer la inscripción, son pocos los candidatos que ya tienen definida la fecha en que harán esta tarea.

Guillermo Alfonso Jaramillo registrará su candidatura un día antes del cierre otorgado por la Registraduría, es decir el 24 de julio.

Ricardo Ferro lo hará el 16 de julio, mientras que Jhon Ésper Toledo lo hará el próximo lunes 6 de julio.

Ley de garantías 

Por otra parte, el Gobierno nacional exigió el cumplimiento estricto de la Ley de Garantías a los funcionarios públicos.

Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la Procuraduría General vigilará la conducta de los funcionarios, al referirse a la ley 996 de 2005 que empezó el pasado 25 de junio y terminará el 26 de octubre, un día después de elecciones, para “prevenir posibles irregularidades que afecten el adecuado desarrollo del proceso electoral”.

En dicha Ley de Garantías se establece que los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas, dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista.

Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, gobernaciones, asambleas, alcaldías y concejos municipales o distrital. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.

De igual manera, la disposición radica en que no podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas ni para facilitar el alojamiento, el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular.