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Participación política de las Farc, un tema que revivirá en la mesa de diálogos

COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
Más de 25 años después de la firma de la paz entre el Gobierno de Virgilio Barco y la guerrilla del M-19, el país vuelve a debatir, desde orillas opuestas, la posibilidad de que desmovilizados de un eventual acuerdo con las Farc lleguen a hacer política.

Pese a tener ya firmado un acuerdo parcial sobre participación política, el tema será un ingrediente más a dirimir en la mesa y en el Congreso de la República, pues mientras la guerrilla busca más herramientas para convertirse en un partido político fuerte, crece la oposición de quienes insisten en la necesidad de refrendar el eventual acuerdo final de paz.

Fue este miércoles, durante su visita a Pereira, que el presidente Juan Manuel Santos revivió el tema, al considerar que además de definir una justicia transicional, se requerirá una reforma constitucional que permita, en algún momento, modificar el marco jurídico para la paz, con el fin de lograr la participación política de guerrilleros acusados por delitos de la mayor gravedad.

Si bien en el marco jurídico no se contempla la participación política para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, el ritmo de la negociación podría cambiar dicha condición, pues en opinión del propio ministro del Interior, Juan Fernando Cristo “pensar en un proceso de paz sin participación en política no tiene ningún sentido”.

Hasta dónde llegará esa participación, cuáles serán sus límites y en qué momento se dará, son preguntas que deberá responder una ley estatutaria que apruebe el Congreso.

Este punto sugiere muchos inconvenientes, pues de acuerdo con una encuesta realizada en noviembre pasado a 211 congresistas por la Misión de Observación Electoral (MOE), la Usaid y la Embajada de Suecia, hay gran disenso en torno a la participación política.

El documento revela que el 42% de los parlamentarios está en desacuerdo con la participación política de las Farc luego de firmados los acuerdos, cuando podrían pasar de la selva, o de la mesa de diálogos, a acompañarlos en el Capitolio Nacional.

Cuál será el mecanismo

Para que un insurgente abandone las armas y haga política por las vías democráticas, impera la necesidad de redefinir el delito político, pues según ha advertido el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, en el país los delitos conexos son cada vez más limitados.

De acuerdo con el código penal, ese tipo de delito se limita a la rebelión, la sedición y la asonada; por tanto, quien incurra en dichas acciones puede recibir beneficios jurídicos amparados en la Carta Magna.

Son precisamente esos mecanismos los que permitieron a desmovilizados del M-19, el EPL y el Quintín Lame, participar en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente tras la dejación de armas.

Sin embargo esa flexibilidad jurídica cambió cuando el país decidió acogerse a las normas de la Corte Penal Internacional y al Estatuto de Roma, con el compromiso de investigar y condenar todos los delitos de lesa humanidad; lo que supuso que los crímenes contemplados en las leyes internacionales dejaron de ser conexos con el delito político.

Para el constituyente y excandidato presidencial por el Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, el marco jurídico y su reglamentación generará corto circuito en la mesa, pues mientras a la guerrilla le preocupa deshacerse de la “maleza jurídica”, el gobierno busca satisfacer a las víctimas y a la opinión pública.

“El problema no radica en la modificación del marco sino en conseguir en la mesa de conversaciones capacidad sancionatoria del Estado y que se atengan a normas de justicia que si bien deben ser transicionales, respondan al necesario equilibrio que debe buscarse entre la justicia y la paz”, dijo Trujillo.

Una posición similar adoptó la dirigente conservadora Marta Lucía Ramírez, quien argumenta que no se puede ajustar la Constitución “con versiones cortoplacistas”, sino con reformas que signifiquen profundos cambios en la estructura política del país.

“La entrada de las Farc a hacer política debe preverse para gente que esté en mandos medios hacia abajo, porque los principales responsables de crímenes de lesa humanidad no deben participar en política, hasta tanto hayan pagado sus penas y asumido su compromiso con la justicia. Sería una bofetada seguir cediendo a las Farc”, dijo la excandidata presidencial.

BOGOTÁ

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