Según la decisión tomada por el alto tribunal, Duarte Gallo violó el numeral 1 de la ley 136 de 1994, que establece que no puede inscribirse ni elegirse como concejal quien haya sido condenado a pena privativa de la libertad, norma que exceptúa delitos políticos o culposos, aclarando que en este caso, el concejal fue condenado a prisión por el delito de hurto calificado y porte ilegal de armas.

Así las cosas, advierte el Tribunal que, según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, un concejal pierde su investidura cuando viola el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Antecedentes

Al inicio, la Procuraduría Provincial de Girardot había iniciado un proceso disciplinario contra Duarte, por la presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, razón por la que le impuso una sanción disciplinaria con la que lo inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, el mencionado concejal apeló esta decisión y la Procuraduría revocó la misma, determinando que no existían pruebas que permitieran comprobar que él conociera el proceso penal que se llevaba en su contra, toda vez que este expediente estaba desaparecido.

Dentro de dicho proceso disciplinario se demostró que Duarte Gallo había sido condenado a pena privativa de la libertad de cinco años y dos meses, razón por la que se determinó que en su contra existió una investigación penal por la que fue condenado, situación con la que se determinó la perdida de su investidura.